Editorial del Semanario El Popular N° 467: “Compromiso contra la impunidad”

La impunidad es el lado oscuro del poder. El poder siempre implica un grado de autoritarismo y discrecionalidad en su ejercicio, la impunidad es su cobertura. Cuanto más impunidad menos libertad. Cuanto más impunidad más concentración del poder y menos democracia. La impunidad fortalece el status quo y nos hace desiguales, ante la ley y ante la vida. La impunidad se sustenta en el ocultamiento y la mentira, en la ausencia de justicia. La respuesta democrática es la verdad y la justicia.

La impunidad debilita la democracia y es un obstáculo para cualquier proyecto transformador. Derrotar la impunidad, la del pasado y la del presente, es la única manera de democratizar el poder, y al hacerlo, construir libertad e igualdad, los dos componentes centrales de cualquier proyecto de emancipación.

Por eso la lucha contra la impunidad es un compromiso del Frente Amplio. Tanto, que es la única fuerza política, con posibilidades reales de gobernar, que tiene en su programa de gobierno ese compromiso. El resto, todos los candidatos blancos y colorados, el Partido Independiente, Novick y ni que hablar Manini Ríos, ni siquiera lo mencionan, y de esa forma, por omisión deliberada, fortalecen la impunidad.

Dice el programa del Frente Amplio: “Es para el Frente Amplio prioritario avanzar en el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos. Ello requiere poner fin a la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado y avanzar en la búsqueda de verdad y justicia. Corresponde cumplir las Convenciones Internacionales de DDHH ratificadas por el país, así como lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24/2/2011 del caso “Gelman vs. Uruguay”, que obliga al Estado a reparar las violaciones a los derechos humanos constatadas”. “Renovar el compromiso ineludible con el combate a la impunidad. La impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado sigue siendo una losa que pesa sobre toda la sociedad y constituye un freno al desarrollo pleno de la democracia, más allá de los avances constatados. La lucha por verdad, memoria y justicia sigue siendo un compromiso y uno de los desafíos democráticos de nuestra fuerza política. La reparación integral de todas las víctimas del terrorismo de Estado (1968-1985) según los estándares integrales, es parte del camino a recorrer”, agrega.

Por eso, en un acto organizado por la Comisión de Derechos Humanos del PCU, Oscar Andrade enfatizó públicamente ese compromiso. Y lo hizo destacando que el Terrorismo de Estado fue el instrumento necesario para aplicar el ajuste más salvaje de la historia contra nuestro pueblo, y también, para cortar, con tortura, despariciones, muertes, persecución y represión, el proceso de acumulación de fuerzas populares que desafiaba el proyecto conservador de Uruguay.

La dictadura fascista fue el vehículo para reducir a la mitad el peso de los salarios en el PBI y aumentar la concentración de la riqueza a niveles nuca vistos, que, a pesar de todos los avances conquistados por la lucha popular y los gobiernos del Frente Amplio, aún no hemos logrado revertir. Para reprimir la cultura y el pensamiento crítico. Para una transformación reaccionaria del Estado, expresada con meridiana claridad en la Constitución del 80, derrotada por el pueblo. Para maximizar las ganancias de los bancos, con la liberalización absoluta. Para profundizar la inserción subordinada y dependiente del Uruguay en el capitalismo global, y alinearnos, sin fisuras, con el imperialismo.

Para eso fue el Terrorismo de Estado. Y por eso la lucha contra la impunidad, que es, y debe serlo más, de máxima amplitud democrática, es un aspecto central en la disputa entre dos proyectos de país. El nuestro, el de desarrollo productivo con justicia social, profundización democrática y soberanía, con mayor protagonismo popular, es imposible con impunidad. El otro, el de la utopía conservadora, necesita defender la impunidad, porque es uno de sus componentes orgánicos.

Por eso, quienes defienden a la impunidad y los impunes también van a la OIT a cuestionar la negociación colectiva, anuncian que van a “destruir el MIDES y a terminar con las políticas sociales”, proponen infinitas variantes de mano dura, afirman que van a derogar la ley que democratiza los medios de comunicación, y las 8 horas para los trabajadores rurales, y la ley de matrimonio igualitario, consideran el salario como una mochila. Dicen que si gobiernan no habrá ningún paro, tienen como enemigos del desarrollo a los sindicatos y a la lucha popular. Atacan al Estado y quieren privatizar todo. Para hacer todo eso necesitan impunidad.

Luchar contra la impunidad trasciende la lucha electoral, claro está, el papel de las organizaciones de DDHH y del movimiento popular, ha sido, es y será fundamental. Pero también debe estar presente en el momento de síntesis ideológica y política de nuestro pueblo que se concreta en las elecciones.

Luchar contra la impunidad es construir memoria, es lograr verdad, justicia y reparación, es vencer la resistencia del poder y que avancen las 300 causas judiciales empantanadas. Es democratizar las Fuerzas Armadas. Es derrotar a los impunes y a quienes de ellos se sirvieron y se sirven para disciplinar al pueblo.

Por eso, alumbrar una nueva fase de acumulación de fuerzas para construir una perspectiva democrática y popular, implica, ética y políticamente, un compromiso contra la impunidad.