Un debate que marca el año

Por Bruno Giometti

El 30 de junio del corriente año vence el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (en adelante Rendición de Cuentas). Posteriormente al envío de la propuesta, el Poder Legislativo discute en sus dos cámaras (también con un plazo establecido en la Constitución) y finalmente resuelve.

Este año este proceso difiere de años anteriores, dado que, en la Ley de Presupuesto aprobada en 2015, el gobierno resolvió establecer los incrementos de gastos e inversiones por rubro solamente por los primeros dos años del período presupuestal (2016 y 2017) dejando para el año en curso la discusión de los eventuales incrementos y modificaciones del siguiente trienio (2018 a 2020).

El debate comenzó muy temprano en el año, a partir de que el Presidente de la República, cro. Tabaré Vázquez, solicitó en el mes de enero a su fuerza política, el Frente Amplio, expedirse sobre el tema. La Mesa Política del FA encomendó a la Comisión Nacional de Programa elaborar insumos sobre “aspiraciones, prioridades y puntos de vista” de cara a la Rendición de Cuentas y finalmente aprobó en su sesión del viernes 6 de marzo el documento que fue enviado al Presidente de la República y que fuera publicado completo en la edición de EL POPULAR del pasado viernes. En estos meses el debate en la fuerza política (sectores, bases y organismos del FA) fue intenso, lo cual genera una buena base para un proceso que recién empieza.

La discusión que iniciamos en enero y tenemos por delante es económica, pero sobre todo, es política. Una opción es partir de la base de que el esquema tributario no debe tener modificaciones relevantes y que exclusivamente con la recaudación adicional que se logra fruto de la mayor actividad económica, ahorros en el proceso de gasto o por la mayor eficiencia en la recaudación (el llamado espacio fiscal), se deben seleccionar las prioridades y asignar mayores recursos a dichas prioridades, descartando otros elementos que están en el programa del Frente Amplio y tengan una importancia de segundo o tercer plano. La opción alternativa es determinar qué recursos son necesarios para llevar adelante las orientaciones programáticas que se comprometieron a la ciudadanía (poniendo “números concretos” a estas prioridades, que es parte central de la discusión) y analizar si modificando la matriz de recaudación del Estado, es posible incrementar los ingresos de tal forma que puedan financiarse esas propuestas. Este segundo enfoque permitiría discutir al mismo tiempo, la posibilidad de financiar más aspectos del programa de gobierno (por el aumento de los ingresos) y la mejora en términos de justicia tributaria (si el aumento de la carga fiscal recae sobre los sectores más pudientes de la sociedad).

Este debate tiene múltiples aristas, que obviamente se relacionan entre si. Por resultar imposible abordarlas todas en profundidad en este primer artículo, haremos referencia a algunos elementos que permiten centrar los ejes de la discusión.

En primer lugar, sobre la carga tributaria existente en el país, en términos generales. Un artículo del economista Guzmán Ourens pone en tela de juicio la afirmación que plantea que la carga tributaria en el país es muy alta y que el país no soporta más impuestos. Se analiza la realidad de distintos países con similares niveles de riqueza que Uruguay y se comprueba que nuestro país no tiene una carga tributaria global mayor que dichos países. A su vez, se ilustra con datos empíricos que una mayor carga tributaria no tiene una correlación directa con un menor crecimiento económico, relación que a veces se plantea sustentada en determinados modelos teóricos.

En segundo lugar, sobre la matriz tributaria del país. Un estudio académico realizado por expertos del Instituto de Economía de la UDELAR, comprueba que en el gravamen a los ingresos de capital, no se cumple el criterio de progresividad. Esto se debe a que los distintos tipos de ingresos de capital están gravados a distinta tasa: 7% la distribución de utilidades y 12% los alquileres, por ejemplo. Esto podría dar la pauta de la necesidad de realizar modificaciones a esta estructura de tasas para mejorar en términos distributivos y además con la posibilidad de que se incremente la recaudación del Estado, ingresos que podrían ser destinados al presupuesto.

En tercer lugar, numerosos estudios a nivel internacional sostienen la necesidad de gravar la riqueza acumulada y la transmisión patrimonial por la vía de las herencias, en contrario a lo que sostiene el equipo económico de que no se debe gravar la riqueza acumulada porque eso sería gravar dos veces lo mismo (el ingreso cuando se genera y cuando se atesora como riqueza acumulada). La riqueza está peor distribuida que los flujos de ingresos (también en nuestro país, como ilustra un estudio del economista Mauricio de Rosa, que hemos comentado en estas páginas) con lo cual aumentar los impuestos a la riqueza sería altamente progresivo. Además, contribuiría a reducir la desigualdad de ingresos “desde su origen” dado que en gran medida la desigualdad en los ingresos parte de una desigual distribución “inicial” de la riqueza. Decidir no gravar la acumulación de riqueza implica considerar que los niveles de desigualdad actuales son tolerables o adecuados, algo claramente discutible.

En un resumen muy apretado y en base a lo planteado anteriormente, consideramos que realizando cambios sustantivos en términos tributarios (reposicionamiento y aumento del impuesto al patrimonio, eliminación de exoneraciones fiscales a actividades que no se justifica que estén exoneradas, modificaciones a los gravámenes al capital para volverlos progresivos, entre otras iniciativas) podríamos avanzar en dos direcciones relevantes: mejorar en términos de justicia tributaria y aumentar la recaudación del Estado para que el espacio fiscal sea mayor y nos podamos acercar más a cumplir con lo planteado en el programa del FA.

Es claro que solamente modificando los impuestos no se solucionan los problemas de la economía. Hay límites que en el capitalismo marca la necesidad de rentabilidad del capital. Estas iniciativas que planteamos se enmarcan en un conjunto de transformaciones, algunas de las cuales están en marcha, que debe incluir políticas productivas más agresivas para el cambio estructural de la economía, mejora en la calidad y eficiencia del gasto, entre otros elementos que en su conjunto hacen al proceso de avance en democracia para ir “empujando” los límites de lo posible y cambiando la sociedad, con un horizonte sin explotación en la perspectiva.