Venezuela: la moderna Stalingrado

La cuestión es entre la paz y la guerra, entre la soberanía y una invasión

Por Pablo Siris Seade, especial para El Popular

A lo largo de toda la historia de la humanidad, se han desarrollado conflictos que en sí mismos encierran todas las preguntas y respuestas de lo viejo enfrentando lo nuevo, de la civilización enfrentada a la barbarie, de la mentira y el horror enfrentando la dignidad de los pueblos. Para la generación de nuestras abuelas y abuelos eso significó la batalla de Stalingrado. Un pueblo digno resistiendo con las uñas contra el fascismo que arrasaba Europa.

Hoy Venezuela es ese punto en el mapa en el que se juega todo el destino de la humanidad. Y su pueblo resiste las mil y una penurias impuestas por el imperialismo norteamericano. Aunque a veces cueste verlo en el albañal de noticias, seminoticias y fake news que nos abruman desde nuestros propios bolsillos y carteras, desde este aparatito que nos in-comunica cada minuto.

Todo estaba planeado

 

Cuando el mes de mayo del año pasado, los gobiernos del Grupo de Lima siguieron el lineamiento del infausto secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y anunciaron que desconocerían los resultados de las elecciones presidenciales que se realizarían en Venezuela el 20 de mayo de 2018, en realidad respondían a un plan largamente preparado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El adelantamiento de la fecha del proceso electoral -que debía realizarse en diciembre- había sido exigido por la oposición como una de las condiciones principales para suscribir un documento de acuerdo como resultado del diálogo que por casi dos años se había llevado adelante en República Dominicana con el auspicio del Gobierno de ese país y los ex presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá, Martín Torrijos, y del país anfitrión, Leonel Fernández.

Ese diálogo contaba también con el apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el papa Francisco y buena parte de los gobiernos del mundo que aspiraban y aspiran a una solución pacífica de la situación que se vive en Venezuela.

Cuando ya estaba todo listo para la firma del acuerdo, el propio día que el documento iba a ser suscrito por las partes, la oposición se levantó de la mesa por indicación del secretario de Estado de los Estados Unidos, para ese momento el señor Rex Tillerson.

El Gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro definió que de todas maneras cumpliría con los compromisos a los que se había arribado (incluyendo el adelantamiento de las elecciones presidenciales que exigía la oposición), mientras el diputado Julio Borges, que para esa fecha presidía la Asamblea Nacional (parlamento en desacato desde el año 2016 por la incorporación de tres diputados que habían incurrido en compra de votos) empezó a recorrer el mundo reclamando la aplicación de sanciones económicas y bloqueos contra su propio país y su propio pueblo.

La elección presidencial contó con una participación del 46,07% -bastante más que el promedio internacional en países con voto no obligatorio- y del total de votos emitidos por los distintos candidatos, el presidente Nicolás Maduro resultó electo con el 67,84% de los votos.

Sin embargo, el sector más radical de la oposición de derecha decidió boicotear las elecciones, siguiendo una práctica ya habitual en la oposición venezolana, que es la de reconocer como válidas solamente las elecciones que ganan.

Allí se comenzó a delinear la estrategia junto con algunos países que estaban en connivencia ideológica con Estados Unidos o que sucumbieron a las presiones del imperialismo norteamericano: se desconocería el mandato de Nicolás Maduro que comenzaba en enero de 2019.

Para esto se necesitaba una justificación “jurídica”, que no era otra que una retorcida interpretación del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza: “Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Obviamente, no se han producido en el caso de Nicolás Maduro ninguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 233. Pero además, como decíamos, porque en mayo de 2018 ganó una elección certificada por cientos de observadores nacionales y acompañantes internacionales que participaron del proceso electoral, así como por un amplio proceso de auditorías del que participaron representantes de todas las organizaciones que presentaron candidatos en esas elecciones (17 partidos, movimientos y organizaciones electorales).

Justificando sus acciones en este artículo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que asumió ese cargo en el período de sesiones 2019, la Asamblea Nacional elige a su presidente por un año, decidió el 23 de enero declararse presidente encargado de Venezuela.

¿Quién es Juan Guaidó?

 

Hasta la propia fecha de asunción de la presidencia de la Asamblea Nacional, y hasta que se autoproclamara presidente encargado, prácticamente nadie en Venezuela hubiera sido capaz de reconocer a Juan Guaidó, diputado suplente del estado Vargas, uno de los que cuentan con menos votantes de Venezuela.

Guaidó se graduó de ingeniero en la exclusiva Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y luego se trasladó a Washington DC donde cursó el Programa de Gobernabilidad y Gestión Política de la Universidad George Washington. Antes de eso, según revelaron cables desclasificados por WikiLeaks en el año 2011, fue entrenado en Serbia por la fundación Canvas, organización hereditaria del grupo Otpor, especializada en actuaciones, en ese país y en otros, basadas en los principios del manual de Gene Sharp para derrocar gobiernos y que sentaron las bases para las “revoluciones de colores”, también conocidas como golpes blandos y que de blandos… no tienen nada.

Guaidó, a pesar de ser un perfecto desconocido en Venezuela -o casi, se hizo famosa una foto en la que exhibía sus nalgas en señal de protesta y otra en la que con máscara antigás participaba de una guarimba- fue una pieza preparada y entrenada por Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y los halcones de Washington que anhelan derrotar a la Revolución Bolivariana.

El día que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, Guaidó tímidamente asomó que estaba dispuesto a asumir una transición en Venezuela. Ese mismo día, Luis Almagro y Mike Pence le dieron el visto bueno y lo reconocieron como presidente encargado de Venezuela. Recién al día siguiente él se autoproclamó en una plaza pública, sin siquiera haber presidido una sola reunión de la Asamblea Nacional.

Inmediatamente, los aliados de Estados Unidos agrupados en el Grupo de Lima le dieron su visto bueno -con la excepción de México- y el gobierno de Donald Trump congeló activos venezolanos y cuentas por cobrar por cerca de 30.000 millones de dólares.

La “ayuda humanitaria”

 

Según lo que fue expresado públicamente, EEUU y la derecha venezolana más fascista esperaban una de dos cosas: o bien que los militares venezolanos se rebelaran, permitieran el paso del cargamento de la Usaid -organización que de larga data pretende utilizar “ayuda humanitaria” para intervenir en los países- y depusieran a Nicolás Maduro, o bien que se desatara una salvaje represión que justificara una intervención militar multinacional contra Venezuela. Ninguna de las dos cosas sucedieron el pasado 23 de febrero, día en que estaba anunciada con bombos, platillos y concierto mediante que ingresaría la ayuda humanitaria y caería el “régimen”.

A pesar de la multitud de amenazas, ofertas económicas, promesas de todo tipo, amnistías hasta por delitos económicos cometidos o por cometer, el número de militares venezolanos que habrían desertado no supera las 500 personas en una Fuerza Armada Nacional Bolivariana con más de 160.000 efectivos.

Por otro lado, la violencia en los puentes fronterizos tuvo un signo muy marcado y no fue precisamente de represión militar. Guarimberos desatados que atacaron salvajemente -igual que en el período febrero-junio de 2016- durante toda la jornada y que los propios medios colombianos retrataron en toda su violencia.

Fue tan burda la maniobra orquestada por EEUU que la ONU se deslindó y hasta la Cruz Roja tomó distancia de la supuesta ayuda humanitaria.

Luego del fracaso, Guaidó, que se fue a Colombia, país miembro de la OTAN, para dirigir la intentona fallida,  inició una nueva gira, con el apoyo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por toda América del Sur. Buscaba apoyos para la nueva provocación que implicaba su reentrada en Venezuela, cuyo objetivo era que fuera capturado frente a una cantidad de embajadores de manera de generar un incidente internacional.

Nada pasó, el señor ingresó al país normalmente como cualquier ciudadano venezolano y realizó una muy enjuta movilización en Las Mercedes, uno de los sectores con población más pudiente de toda Venezuela.

Los medios internacionales ocultaron que otra cosa sucedió el pasado 23 de febrero y es que Guaidó cumplía 30 días “encargado” de la Presidencia según él mismo decía. O sea que debió cumplir con lo que indica el segundo párrafo del artículo 233 transcrito más arriba. O sea que debía convocar a elecciones presidenciales. O sea que no estaba cumpliendo la Constitución. O sea… no vamos a entrar en detalles.

¿Cómo se resuelve esta situación?

 

El presidente Nicolás Maduro adoptó inmediatamente la propuesta realizada el pasado 7 de febrero en Montevideo por Uruguay, México, los 15 estados de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y a la que se sumó también Bolivia y solicita ahora incorporarse Rusia.

El Mecanismo de Montevideo, como se llamó esa propuesta, es un esquema de diálogo en cuatro fases: la primera corresponde a la generación de condiciones para el diálogo, luego se pasaría a la etapa de negociación en la que se buscarán acuerdos potenciales, la tercera fase consiste en la construcción y suscripción de acuerdos y por último se procedería a la materialización de los compromisos asumidos.

El Mecanismo de Montevideo fue fuertemente impulsado por el Gobierno uruguayo, que -por boca de su Presidente, el Dr. Tabaré Vázquez- fue enfático al señalar: “No somos neutrales porque cuando hubo que optar entre la paz y la guerra, optamos por la paz.  Porque cuando muchos sacudían tambores de guerra aumentando la violencia que ya hay en Venezuela, nuestro Gobierno apostó por la paz, por el diálogo, por la salida pacífica y democrática en busca de elecciones y del diálogo entre los venezolanos. Defendemos la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, la no intervención en asuntos internos de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y hoy felizmente vemos que esta causa sigue ganando adeptos”.

La posición del Dr. Vázquez coincidió con la resolución que había adoptado previamente la Mesa Política del Frente Amplio), en la que se declaraba: 1. El respaldo a las acciones llevadas a cabo por nuestro gobierno en procura de una salida pacífica, negociada y acordada por los propios venezolanos. 2. La necesidad de continuar bregando por la paz en nuestros continente, por el respeto a la soberanía de los Estados bajo los principios de no intervención y autodeterminación, rechazando todo tipo de intervención externa. 3. La demanda del cese del bloqueo económico y el congelamiento de activos en el extranjero, que impide acceder a los recursos de los venezolanos y venezolanas, en violación de todas las normas del Derecho Internacional, que al mismo tiempo, imposibilita a la República Bolivariana de Venezuela a comprar bienes, insumo, alimentos y medicamentos. A su vez rechazamos que los mismos que someten a Venezuela al bloqueo económico, pretendan utilizar la “ayuda humanitaria” como excusa para una agresión militar. 4. Reafirmamos, que dicha ayuda como lo expresan resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (Res. 46/182 de 19 de diciembre de 1991 y resolución 58/114 de 17 de diciembre de 2003) “Debe guiarse por los principios de Humanidad, Neutralidad e Imparcialidad, respetando la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados”. “En ese contexto la asistencia humanitaria deberá proporcionarse con el consentimiento del país afectado y, en principio, sobre la base de una petición del país afectado”. ”Esa cooperación deberá proporcionarse de conformidad con el derecho internacional y las leyes nacionales. Y que los objetivos humanitarios estén desligados de objetivos político, económicos, militares o de otro tipo que cualquier agente pueda tener respecto de zonas en las que se esté ejecutando medidas humanitarias”.

Así mismo, la central sindical única del Uruguay, el PIT-CNT, resolvió que en caso de intervención militar contra Venezuela, los trabajadores uruguayos inmediatamente convocarían un paro general.

En esos mismos días, se emitió un comunicado conjunto de varios Partidos Comunistas de América del Sur. La declaración lleva la firma de Partido Comunista de la Argentina, Víctor Kot; del Partido Comunista do Brasil, Walter Sorrentino; del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier; del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo Turriago; del Partido Comunista Paraguayo, Najeeb Amado y del Partido Comunista de Uruguay, Juan Castillo.

En ella se sostiene: “Los Partidos Comunistas abajo firmantes rechazamos enérgicamente cualquier intento de intervención militar en la República Bolivariana de Venezuela. Repudiamos además el bloqueo y la confiscación de recursos que los EEUU han impuesto a Venezuela con la complicidad de los gobiernos que adhieren a las políticas neocoloniales del imperialismo. Son los mismos que raudamente avalaron la intentona de Guaidó, títere de las políticas intervencionistas, de proclamarse “presidente encargado" con la intención de legitimar los ataques contra la República Bolivariana de Venezuela. Con la excusa de ingresar a Venezuela una supuesta "ayuda humanitaria", el gobierno de los EEUU y sus seguidores en la región, amenazan con un ataque militar que solo generaría muerte y destrucción para el pueblo venezolano con graves consecuencias para la paz en toda América Latina y el Caribe. Los comunistas nos manifestamos por el irrestricto respeto a la soberanía de los pueblos, contra toda intervención extranjera en nuestros países y seguimos bregando para que América Latina y el Caribe sean territorios de Paz. No a la intervención militar en Venezuela y en cualquier país de Nuestra América. América Latina y el Caribe territorios de Paz”.