Todos los partidos políticos apoyaron pase a la Justicia de las actuaciones de la Investigadora

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GM

La Comisión Investigadora sobre Espionaje en Democracia de la Cámara de Diputados culminó un trabajo de dos años y resolvió por unanimidad pasar todo lo actuado a la justicia, denunciar que se probó la existencia de estas prácticas y recomendar una condena política expresa de todos los poderes del Estado y una serie de medidas para que no se repitan.

EL POPULAR dialogó con el diputado de la 1001 y el Frente Amplio, Gerardo Núñez, quien presidió la citada Comisión.

-¿Cómo culminó el trabajo de la Comisión Investigadora sobre Espionaje en Democracia?

Después de casi dos años de trabajo culminó con una síntesis respaldada por todos los partidos políticos. Eso es un hecho muy importante e histórico, porque implica una condena de todos los partidos políticos con representación parlamentaria al espionaje ilegal que ocurrió en nuestro país en plena democracia y atacó las bases de la propia democracia. Es muy importante que la Comisión haya culminado con un informe único, que es cierto tendrá algunas salvedades por parte del Partido Nacional y el Partido Colorado, pero tiene un amplísimo respaldo en cuanto a sus principales conclusiones.

Hay que destacar también que la resolución de la Comisión propiamente dicha, que establece el pase a la justicia de todo lo investigado, contó con la unanimidad de los partidos.

Creo que es una señal política de mucha potencia que hay que destacar.

-¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegó la Comisión?

Las principales conclusiones a las que arribamos es que existió espionaje ilegal en democracia; que fue sistemático; que fue planificado por las agencias de inteligencia; que las principales víctimas fueron los partidos políticos, las organizaciones sociales, los sindicatos, los gremios estudiantiles, periodistas, medios de comunicación, integrantes del Poder Judicial; y que desde nuestro punto de vista existió conocimiento de los jerarcas de los ministerios, de Defensa particularmente, sobre estas acciones y que no tomaron las medidas necesarias para evitar estos atropellos a la Constitución.

También se destaca el hecho de que existieron agencias de inteligencia internacionales incidiendo en espacios institucionales de nuestro país, cosa que afecta la soberanía y la seguridad nacional, para ser más precisos hablamos de la CIA; que hubo pago de informantes en todas las líneas y en todos los espacios.

Es importante precisar que si bien existió espionaje ilegal sobre los partidos políticos en general es cierto que el principal foco estuvo sobre el movimiento popular: los sindicatos, el PIT-CNT, el movimiento estudiantil; y en el caso de los partidos políticos en el Frente Amplio, y muy particularmente en el Partido Comunista del Uruguay, el MLN y el PVP.

-¿Qué volumen de información manejó la Comisión?

El volumen de información fue enorme, estamos hablando de que el denominado “Archivo Berrutti” incluía 3 millones de microfilms. A eso hay que sumar todas las informaciones que fuimos solicitando para llegar a estas conclusiones.

También la información que nos llegó de manera anónima a varios legisladores, por ejemplo, los informes elaborados por los peritos Isabel Wschebor y Alvaro Rico, vinculados al denominado “Archivo Castiglioni”, que ellos elaboraron para la Justicia y que nos llegó a algunos diputados en los días previos a la conformación de la Comisión Investigadora. Este fue un insumo muy importante para conocer de que trataba ese denominado “Archivo Castiglioni”.

Después accedimos al Plan de Inteligencia del Ejército de 1985, el documento de la Conferencia de los Ejércitos Americanos de 1987 en Mar del Plata, y un conjunto de documentación que se fue agregando a lo largo de todo este tiempo de trabajo que implicó un estudio pormenorizado de cada uno de estos materiales. Pasaron por la Comisión aproximadamente 70 personas, incluyendo los ministros actuales de Defensa e Interior, los ex ministros de Defensa e Interior entre 1985 y 2005, integrantes de los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, colectivos sociales como Madres y Familiares de Desaparecidos, que aportaron datos interesantes para la labor de la Comisión, recibimos a los peritos Wschebor y Rico y a otras personas que estuvieron trabajando con los archivos.

La resolución

EL POPULAR reproduce la propuesta de resolución votada por la unanimidad de los partidos políticos en la última sesión de la Comisión Investigadora, el 29 de agosto, que será considerada en Diputados en la segunda quincena de setiembre.

“VISTO: las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Investigadora sobre posibles actos de inteligencia del Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha.

CONSIDERANDO: I) que en el trabajo de la misma se ha constatado la existencia de actos de espionaje a dirigentes y partidos políticos, así como a organizaciones sociales y sindicales, con posterioridad al 1º de marzo de 1985.

II) Que de la profusa prueba documental y testimonial recabada por esta Asesora, surge la existencia de hechos presuntamente delictivos que requieren ser puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a fin de determinar las responsabilidades penales que eventualmente pudieren corresponder.

III) Que a los efectos de la investigación mencionada en el numeral anterior corresponde remitir a la Fiscalía General de la Nación todos los antecedentes en poder de la Comisión Investigadora, incluida la documentación recibida y las versiones taquigráficas de las sesiones de la misma.

Atento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Nº 16.698, de 25 de abril de 1995,

La Cámara de Representantes resuelve:

Artículo 1º.- Remitir a la Fiscalía General de la Nación todas las actuaciones correspondientes a la Comisión Investigadora sobre posibles actos de inteligencia de estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 al 24 de noviembre de 2016, como consecuencia de haberse detectado la existencia de hechos de naturaleza delictiva.

Artículo 2º.- Expresar su clara e inequívoca condena política a estas prácticas incompatibles con la democracia, que constituyen un ataque a la Constitución, a la libertad y a los derechos colectivos e individuales de la ciudadanía. Asimismo, se recomienda al Poder Ejecutivo aprobar una resolución en idéntico sentido.

Artículo 3º.- Recomendar al Poder Ejecutivo la realización de investigaciones administrativas en todos los Ministerios y dependencias implicadas, para profundizar y establecer responsabilidades sobre quienes desarrollaron espionaje ilegal, buscando a su vez asegurar la erradicación de estas prácticas.

En particular, recomendar al Ministerio de Defensa Nacional realizar una exhaustiva investigación en relación a las denuncias formuladas ante la Comisión por el Capitán (R) Héctor Erosa Pereira.

Artículo 4º.- Recomendar al Poder Ejecutivo realizar una exhortación para que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados dispongan la realización de investigaciones administrativas, del tipo de la realizada por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) a la que tuvo acceso esta Comisión, a efectos de asegurar la erradicación de prácticas de vigilancia, control e ilegal clasificación ideológica de los funcionarios o aspirantes a tales.

Artículo 5º- Recomendar la aprobación de un proyecto de ley que regule el sistema de inteligencia del Estado, estableciendo particularmente el control parlamentario y la previa venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República para la designación de su director.

Artículo 6º.- Disponer la publicación en las páginas web del Poder Legislativo y de la Cámara de Representantes y la edición impresa de hasta doscientos ejemplares de todas las actuaciones de la Comisión Investigadora sobre posibles actos de inteligencia de estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 al 24 de noviembre de 2016, que se determinan, autorizándose la afectación de los rubros presupuestales correspondientes a tales efectos: denuncia presentada; versión taquigráfica de la discusión en el Plenario de las conclusiones de la comisión pre investigadora y resolución de creación de la comisión investigadora; versiones taquigráficas de todas las reuniones de la comisión investigadora; conclusiones de la comisión investigadora y versión taquigráfica de la discusión en el Plenario”.