Declaración final del Congreso Nacional de Educación, Enriqueta Compte y Riqué

"La solidaridad, la justicia, la democracia y la paz, son valores esenciales para construir el patrimonio moral común de toda la sociedad. En este marco la Educación Pública estatal, es fundante de esta génesis en la conciencia social. Esto conlleva los esfuerzos por deconstruir los estereotipos fragmentadores y violentos en el campo de las relaciones sociales y afirmar estos valores centrales para un desarrollo sostenible y armonioso.

La Educación es un Derecho Humano fundamental. Para que realmente todos los y las habitantes del país accedan a ese derecho a lo largo de toda su vida, es deber del Estado implementar medidas que lo garanticen. En un contexto de diferencias de clase que condicionan, en última instancia la formación de los individuos, exigir al sistema educativo que solucione dicho condicionamiento es imposible sin la transformación profunda de las estructuras sociales que las originan.

Debemos impulsar una educación democrática y democratizadora.  Con un ejercicio de la democracia desde la elaboración de políticas hasta el ejercicio de las tareas de aula.

La construcción de una ciudadanía crítica y formada con conocimientos en todos los planos del desarrollo del ser humano es imprescindible para el desarrollo productivo, la justicia social y el protagonismo político de los y las uruguayos/as. Es imprescindible avanzar hacia una educación politécnica integral, donde se superan la “clásica” división entre la formación técnico manual y la intelectual.

La asignación de los recursos económicos necesarios, el protagonismo de docentes y estudiantes comprometidos con la perspectiva transformadora, el involucramiento de la ciudadanía, la incorporación a las políticas institucionales de las resoluciones de los Congresos de la Educación Mto. Julio Castro y Mta. Reina Reyes, asegurando el carácter vinculante de los mismos, son algunos de los aspectos relevantes para poner en práctica el enfoque antedicho.

Estamos convencidos que el ejercicio de la democracia en la elaboración de políticas educativas generales se debe desarrollar a partir del Congreso de la Educación, instrumento que se debe potenciar y desarrollar desde todos los ámbitos.

La educación tiene como uno de sus objetivos principales la creación y emancipación de ciudadanos y ciudadanas, es una dimensión imprescindible a tener en cuenta para la profundización de la democracia y la construcción de una sociedad donde primen las ideas de libertad, igualdad, trabajo, solidaridad, justicia, democracia y paz.

En este sentido debe ser una tarea constante trabajar por el acceso realmente universal de la población a todos los niveles de la educación pública, educación plural, democrática e inclusiva. Que debe incorporar a todos y todas apuntando al desarrollo de todas sus potencialidades.

Es imprescindible que los agentes constructores de la educación, que responden a las cuestiones del porqué y cómo educan, sean los actores partícipes del proceso educativo.

En este sentido reafirmamos la posición de trabajar para la construcción de la autonomía y cogobierno para toda la educación pública, apuntando a la participación y poder de decisión real de los actores del proceso educativo a través de los diversos órdenes, en todos los niveles de la educación.

Entendiendo estos espacios como un terreno en disputa y un primer espacio de socialización política donde estos actores aprenden a debatir, construir y hacerse cargo de las políticas educativas, especialmente importante para el orden estudiantil.

Respecto al Plan Nacional de Educación afirmamos que la propuesta educativa debe ser descentralizada a todo el país, con una administración nacional que procure la igualdad sustantiva en la educación de todos los y las  uruguayos/as.  Este sistema debe regir tanto para la esfera pública como para la privada.

Impulsamos un Plan en todo el país de modalidades diferentes.  Las diferencias de aplicación de un mismo plan no pueden transformarse en incontables planes, programas, proyectos, que impliquen diferentes contenidos o exigencias de aprobación.

Impulsar que se concrete, en esta legislatura, la ley que crea el ente autónomo Universidad Nacional de Educación. Que en la misma se consagre la autonomía y el cogobierno de sus órganos nacionales, regionales y locales. Asimismo, y como elemento imprescindible, dotar al nuevo ente del presupuesto necesario para su implementación y funcionamiento.

Conforme a lo antedicho afirmamos que: las políticas educativas necesarias requieren recursos mayores que los hoy resueltos por el Poder Ejecutivo. Si bien la inversión en infraestructura ha sido muy importante, la misma todavía no alcanza porque hay edificios que no habían tenido mantenimiento por décadas. Actualmente hay centros educativos con innumerables carencias; edificios que no fueron construidos con la finalidad de enseñar, pisos peligrosos, problemas eléctricos y sanitarios de difícil resolución, etc. Por otra parte debe cuidarse que el edificio para educar tenga las características adecuadas a la población a atender, especialmente contemplando la accesibilidad de personas en situación de discapacidad.

La educación politécnica-integral requiere edificios que prevean talleres donde el trabajo realizado sea una realidad y no una ficción.

Para concretar la educación que aspiramos debemos continuar exigiendo un presupuesto acorde a las necesidades del sistema educativo, no menor al 6% del PBI para ANEP, UTEC y UdelaR.

No se puede ignorar que el Estado realiza una enorme resignación tributaria a la educación privada.  Por esa vía los contribuyentes entregan recursos a los sectores de mayores ingresos de la sociedad.

Reafirmamos el compromiso de forjar un sistema educativo público-estatal, nacional-descentralizado, politécnico-integral, autónomo y cogobernado. Con los recursos necesarios para su despliegue.

 

Porque la Educación Pública es y será siempre, una tarea de nuestro Pueblo."