“No es digno de la patria de Artigas lo que pasó esta semana en Salto”

EL POPULAR dialogó con Oscar Andrade, secretario general del SUNCA y de organización del PIT-CNT, para conocer la posición del movimiento sindical sobre lo ocurrido en Salto y las medidas que se tomaron al respecto.

-¿Cómo define el PIT-CNT la denuncia de un peón rural que fue azotado por reclamar sus derechos laborales?

Es claramente una salvajada que tomó estado público casi de casualidad, porque en realidad el peón se va dos días después a hacer la denuncia y al médico 5 días después y producto de que tenía las costillas quebradas. Desnuda una circunstancia que es extremadamente dura y difícil de revertir, hay sectores de actividad en el medio rural donde las condiciones de trabajo –todas- son extremadamente precarias. En este caso incluso hay un delito, una cuestión criminal, que es el de casi tortura a un trabajador.

Pero hay actas parlamentarias donde se llevó la denuncia de los trabajadores de las avícolas, con fotos, donde la principal denuncia es que eran mordidos por ratas mientras trabajaban. Tuvimos circunstancias de trabajadores del arroz pidiendo por favor que al menos no fumigaran la escuela rural que estaba cerca del predio donde trabajaban; pero estaban expuestos a tóxicos de las fumigaciones que a lo largo del tiempo provocan cáncer en la piel, incluso de no tener a disposición al agua potable.

Todavía hay circunstancias en el interior profundo de condiciones de trabajo extremadamente precarias. Estas situaciones nos interpelan a todos, también al movimiento sindical, o sea interpela las relaciones laborales del Uruguay, a los cuerpos inspectivos, a las condiciones de fiscalización, y también al movimiento sindical, en donde tenemos que asumir cada vez más como prioritario –sobre todo los gremios con más fortaleza de organización- para destinar cuadros, recursos e infraestructura para amparar y organizar a trabajadores en general, en la forestación, en el trabajo rural en general, que tienen que soportar condiciones que son muy duras y el grado de impunidad empresarial es altísimo.

Este año tuvimos el despido a una trabajadora por adherir al 1° de Mayo, logramos revertir la sanción de la trabajadora rural del Young, pero cualquiera que se acerca a esa realidad nos tiene que indignar, pero no es un problema de sorpresas.

Nosotros hicimos una asamblea en URUFOR en Rivera, que la hicimos dentro del establecimiento producto de que la lluvia era brutal y parecía que hubiéramos cometido un delito de terrorismo. Lo que pasó con lo del arroz, en el que se incendió un campamento sindical, es clarísimo, la investigación se archivó a una velocidad récord, cuando tenés circunstancias muy graves, porque en el interior todavía hay mucha fuerza y se ve con gran claridad el peso que tienen los grandes grupos económicos como dueños del pueblo.

Lo paradójico es que esto se da pocos días después que la Asociación Rural cierra su evento anual sosteniendo que el gran problema del Uruguay es la extrema rigidez laboral y el alto peso salarial. Estamos hablando de trabajadores que están en los laudos más bajos del país, un trabajador rural cobra 14 mil pesos nominales, 11 mil pesos en la mano, promedio, 70 pesos la hora, 72 pesos la hora en el citrus, más o menos igual en los viñedos, un poquito más arriba en el arroz; pero son de los salarios más bajos, son de los sectores con más alta siniestralidad laboral y con más alta siniestralidad laboral sub declarada, y donde tenemos más dificultades para el cumplimiento del horario. Existen las 8 horas en una parte del trabajo rural, es cierto, y es cierto que hay recibos que por primera vez aparecen las horas extras, y también es cierto que hay mucho del trabajo rural que todavía sigue en las condiciones previas a la norma.

Esto hay que mirarlo en términos históricos. No es casualidad que en los tres planos principales del derecho laboral: la salud laboral, la negociación colectiva y la limitación horaria, tuvimos y tenemos la resistencia empresarial en el medio rural. Tenemos que las 8 horas en el Uruguay se instalaron hace más de 100 años y hubo que esperar casi un siglo para aprobar una norma que reconociera este derecho al trabajador rural. La primera ley de salud laboral que establece la iniciativa en su reglamentación es también de hace 100 años y hubo que esperar casi un siglo para que existiera el decreto que regula las condiciones de salud laborales en el trabajo rural. La negociación colectiva es una convocatoria que existe desde el año 43 en la ley de los Consejos de Salario y nunca fue convocado el sector rural a la negociación, salvo en este último periodo.

Es cierto también que hay un tema de circunstancias recientes en términos históricos de reconocimiento, pero que además los derechos no alcanzan con que estén escritos en la norma, hay que construir la fuerza social capaz de materializarlo y en eso tenemos un desafío enorme, que este caso tan duro, tan indignante. que ha generado en nuestro pueblo una situación de rechazo tan duro, nos tiene que servir para poner en la agenda que precisamos construir una perspectiva de trabajo digno en nuestra patria.

-¿Qué medidas tomó el PIT CNT?

Lo primero fue ponernos en contacto con la UNATRA, tuvimos una reunión con el ministro Murro donde eso estuvo planteado. Hicimos gestiones ante el Ministerio del Interior, a nosotros nos generó un enorme malestar la forma en que se toma la denuncia, una denuncia del 20 de septiembre y termina derivándose a la justicia –una denuncia de azotar un trabajador, el dueño de la estancia termina sacándolo a cuchillo de la estancia- y ni siquiera se va a detener a nadie para hacer preguntas, para saber qué pasa. Es decir, se pasa el tema a la justicia que había colocado una instancia a los diez días que ahora se adelanta por cuestión de alarma pública.

Pero nosotros tenemos la sospecha de que, si hubiera sido al revés, si hubiera ido un estanciero a denunciar la agresión de un peón, el peón hubiera estado en el calabozo a las pocas horas. Tenemos ahí un tema para interpelarnos desde el punto de vista de cómo funcionamos, en el caso del ministerio de Trabajo es diferente, porque se enteró en el mismo momento en que se entera el PIT CNT, en la madrugada del lunes para el martes (26 de septiembre) pero todo eso nos tiene que interpelar. Hay toda una circunstancia que rodea este caso que nos tiene que interpelar a todos, acerca de cómo no seguimos en la inercia donde hay derechos de primera categoría y derechos de segunda categoría.

En la central lo que hicimos fue gestiones con el ministerio del Interior, con el ministerio de Trabajo, gestiones con el sindicato, con la UNATRA, pusimos a su disposición –sabemos que no es sencillo para gremios débiles financiar abogados penalistas- pero el trabajador tiene que tener todas las garantías de hablar con López Goldaracena para que se haga cargo de la parte penal, esa es la que nos parece que puede errar. Aquí hay un delito, una cuestión criminal. Después el ministerio puede inspeccionar, suspender, multar, pero queremos concentrar en que aquí lo que hubo fue un delito contra un trabajador de una violencia terrible que no puede quedar impune. Para que no quede impune sabemos que la justicia es igual para todos, pero es más igual para los que tienen acceso a la justicia y, muchas veces, trabajadores -más de gremios tan débiles- no es fácil que tengan el acceso a la justicia, así que se lo garantizamos como PIT CNT, y vamos a hacer un seguimiento del tema día a día y, en todo caso, empezamos a colocar en la agenda que precisamos fortalecer más los esfuerzos que se vienen haciendo para afirmar la organización en el medio rural.

No es que no se haya hecho avances, tener una coordinadora citrícola hoy, con una base de organización muy fuerte en Salto, Young y en Paysandú y con una base social en San José, es un primer paso, y ahora también con vínculos en Bella Unión, lo que se viene haciendo también en la forestación está bien pero no alcanza, se avanzó también en los aserraderos, pero precisamos darnos cuenta que si no concentramos ahí recursos, cuadros, militantes, la realidad va a cambiar a un ritmo más lento de lo que necesitamos.

En un proceso popular que tiene como cuestión de identidad, la necesidad de transferir poder entre oprimidos y opresores, no te parás en una intención absurda de que estas gobernando para todos, sino de un gobierno que se instala del lado de los pobres, de los trabajadores, de los que menos tienen, de los oprimidos. Tenemos que ver cuánta razón tiene el movimiento social de que es momento de seguir avanzando en derechos, en el convenio 158 que prohíbe el despido, en la bolsa de trabajo, en el trabajo para no seguir violentando los derechos de las personas por discapacidad. Es urgente para nosotros colocar una agenda de avanzada. Estas cosas nos tienen que desafiar. No es digno para la patria de Artigas que pasen cosas como la que pasó esta semana en Salto.