El arte de volver posible lo imposible

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“Primero genera para mí una fuerte pregunta con respecto a nuestra relación con el mundo laboral, la idea de que puede haber un mundo laboral desprendido de los atávicos discursos. Los discursos sobre nosotras han estado siempre ligados a dos cuestiones: lo prostibulario y lo médico”. Lohana Berkins

La duda que se planteaba Lohana Berkins, en medio de la celebración por la aprobación en la Provincia de Buenos Aires del “cupo laboral para personas trans”, nos demuestra hasta dónde esos “atávicos discursos” han matrizado no solamente el devenir de la población trans y la percepción que la sociedad tiene sobre estas personas, sino que a su vez cercenaba la posibilidad de pensarse en horizontes más amplios que los delimitados por lo “prostibulario o lo médico”.

Han sido estos dos pilares discursivos los que han cristalizado el proceso por el cual la población trans se ve propensa a niveles de desafiliación en etapas tempranas. La inserción en el mundo del trabajo está signada por previas limitaciones, que pueden ir desde un no apoyo en el ámbito familiar, la discriminación y expulsión del sistema educativo, entre otras situaciones. En el año 2013, el Ministerio de Desarrollo Social tomó una serie de decisiones que permitieron generar y desarrollar acciones que pretendían ser un ensayo de posibles caminos alternativos al rumbo supuestamente predestinado de las trayectorias de vida de las personas trans, no sólo en Uruguay, sino en el mundo: la inevitabilidad del comercio sexual, o a lo sumo y en contadas ocasiones, la informalidad laboral.

El miércoles pasado se presentó una investigación desarrollada por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República que nos acerca una visión de cuáles fueron los diferentes efectos que generaron dichas políticas en tan solo cuatro años. Cuáles son las buenas prácticas aprendidas, los ajustes necesarios, las dificultades en su desarrollo, pero, sobre todo, lo más importante, cuál fue el impacto en la vida concreta de las personas. Varios de los relatos marcan los distintos niveles de impacto en la vida cotidiana de quienes participaron de las distintas experiencias. Desde casos que señalan que Uruguay Trabaja fue la instancia que les permitió salir por primera vez de día de su casa, demostrando con ello los altos niveles de discriminación que incluso llegan al uso del espacio público, hasta las que a través de la estabilidad laboral lograron potenciar sus procesos de autonomía, revinculándose con el sistema educativo y, en algunos casos, culminando carreras terciarias.

Además, esta investigación constata que las primeras acciones llevadas adelante por el Estado uruguayo para dar respuesta a la situación de exclusión de las personas trans fueron altamente positivas.  Este aporte es fundamental para el proceso de discusión de la Ley Integral para Personas Trans que entre sus artículos propone la cuota para personas trans en todos los llamados del Estado. A su vez, vuelve a confirmar que la articulación entre sociedad civil y Estado permite generar, siempre y cuando exista voluntad política, una dinámica virtuosa que se manifiesta en política pública.

Los datos de la exclusión

Algunos de los primeros datos que surgen del censo de personas trans realizado por el MIDES nos dan noticia que la edad promedio de abandono del hogar de esta población es entre 14 a 16 años. Este hito en la historia de vida de las personas trans es determinante. Por ejemplo, el 36 % solamente tiene primaria como máximo nivel educativo alcanzado, y el 32,8 ciclo básico. En lo que respecta al mundo del trabajo, esta población tiene un 30% de desocupación, y del 65% que se encuentra ocupada sólo 23,5 está activa en el FONASA y casi el 90 por ciento de las mujeres trans ejercen o han ejercido el comercio sexual.  

En lo que respecta a los datos de ingresos, es bueno señalar que el promedio mensual por persona es de $ 7418 y cuando estas personas superan los 51 años los ingreso se reducen a $ 3.764. Estos datos, entre otros factores, explican por qué cuando comparamos los rangos etarios de la población en general con los de la población trans nos encontramos que mientras el 14% de la población uruguaya es mayor de 65 años, sólo el 2% de las personas pertenecen a este grupo.

La Ley Integral y el contexto regional

Estos han sido los motivos por los cuales el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, integrado por organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil, ha realizado un proyecto de Ley Integral para personas Trans que fue enviado por el Poder Ejecutivo al parlamento uruguayo y que hoy se encuentra en la comisión de Población y Desarrollo.

La ley consta de 21 artículos y reconoce que la población trans que habita en el territorio nacional ha sido históricamente víctima de discriminación y estigmatización. Entre los artículos de la ley es importante destacar los que se refieren a la modificación del trámite de cambio de nombre y sexo registral de judicial a administrativo, el cupo de 1% en los llamados laborales estatales, el cupo de 2% de las becas que otorga el Estado y la decisión de darle carácter de ley a las resoluciones administrativas del Ministerio de Salud y ASSE que sostienen los procesos de terapias de hormonización y reasignación de sexo. Además, a todas aquellas personas trans mayores de 41 años que puedan demostrar que fueron perseguidas o violentadas por el Estado, se les otorgará una prestación reparatoria de 3 BPC.

Es bueno enmarcar este proyecto de ley en un contexto regional en el que hace menos de un año en Colombia cayó la ministra de Educación por proponer una Guía de Diversidad Sexual y desde sectores evangélicos fundamentalistas se hizo una feroz campaña contra el plebiscito por el acuerdo de Paz, señalando que el mismo era una acción demoniaca que iba a sodomizar la sociedad colombiana. Y más cercano en el tiempo, los mismos sectores evangélicos que votaron para destituir a la presidenta de Brasil diciendo que era la serpiente que Satán había puesto para pervertir la sociedad brasilera, han logrado en estas dos últimas semanas que, en nombre de la libertad de expresión, la justicia brasilera permitiera la existencia de las terapias de "cura" o "reconversión" de las personas LGBTI y que se instruyera religión confesional en los institutos de educación pública.

Es en este contexto, el de una oleada conservadora que está dispuesta incluso a ponerse de poncho los avances de la ciencia y nos propone paradigmas educativos dignos del medioevo, es en que en el Uruguay se procederá a discutir esta Ley. Una ley que sin quererlo puede ser un parte aguas en este contexto regional en donde nuestro país podría llegar a parecerse a la aldea gala de Asterix. Pero para que esto suceda, el trabajo que la sociedad civil organizada viene realizando desde hace décadas, debe reforzarse para lograr colocar en agenda la aprobación de este proyecto de ley.

Volviendo a la pregunta de Lohana, esta nueva batalla nos plantea nuevos horizontes, nuevos escenarios y relatos hasta ahora imposibles.  Hablando sobre la historia y el devenir de la humanidad, José Pedro Barrán afirmaba: “¿Por qué no puede ser lo que nunca pasó? ¿Por qué no puede pasar? Ese es el origen de la historia, el cambio, la novedad absoluta. ¿Por qué no pueden en algún momento, sin que la sociedad los estigmatice, amarse dos mujeres, amarse dos hombres o pensar en la sociedad sin clases? Son sueños, pero son sueños que a veces la realidad se acerca a ellos y si no los soñamos, nunca lo que no fue va a ser”.

Para que estas ideas que el profesor repetía y repetía sucedan, se concreten y manifiesten, debemos enterrar aquella vetusta frase de que la política es el arte de lo posible y tatuarnos en el pecho que la política, necesariamente, debe ser el arte de volver posible lo que hasta ayer parecía imposible.