Mea culpa histórica

Ex Director de Inteligencia Militar confirmó en el parlamento que se realizaban tareas de espionaje en plena democracia

La Comisión Investigadora por Espionaje en Democracia de Diputados sigue avanzando en sus tareas, y el pasado lunes recibió a tres ex Directores de Inteligencia Militar. Uno de ellos -el contralmirante (R) Óscar Otero, admitió que efectivamente se realizaban tareas de espionaje, confirmando lo que surgía de los documentos que analiza la Comisión. Otero fue Director de Inteligencia Militar entre los años 1995 y 1998, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti.

Luego de este revelador testimonio, el presidente de la Comisión Investigadora, el diputado de la 1001 y el Frente Amplio, Gerardo Núñez, dialogó con EL POPULAR

-Uno de los ex Directores de Inteligencia admitió que se realizaban tareas de espionaje en democracia. ¿Cuál es la evaluación que haces de ese testimonio?

Tuvimos una reunión muy importante con el testimonio de tres ex Directores de Inteligencia. Recordemos que la semana pasada habían sido citados otros ex Directores que no concurrieron; esta vez comparecieron el contralmirante (R) Óscar Otero, el contralmirante (R) Carlos Magliocca y el brigadier general (R) José Mayo Irigoyen. Fue importante porque en esta reunión se confirmó la existencia de espionaje militar en democracia a través de una de las voces más autorizadas; uno de los ex Directores de Inteligencia Militar reconoció que estas tareas se hacían. Según ellos “por costumbre”, casi que por un ejercicio natural, internalizado, que ya venía desde antes, y que no se lo cuestionaron al momento en que lo seguían haciendo.

Si bien ellos plantean que la recolección de información que hacían era a través de medios abiertos, es decir, a través de medios de comunicación, de estar escuchando en algún acto público, también nosotros pusimos encima de la mesa archivos de esta época, en la que el ex Director cumplía funciones, que daban cuenta de recolección de información por una vía encubierta, con infiltraciones, con seguimiento, con escuchas. Y cuando le preguntamos sobre este punto nos reconoció que probablemente esa información viniera de otras agencias. Entonces, por un lado tenemos la confirmación de la inteligencia militar, por otro lado, a qué se refiere con “otras agencias”, si son nacionales o internacionales, que tenían información sobre militantes de izquierda, de Derechos Humanos, sobre periodistas que viajaban a distintas instancias en la región. Pero lo más relevante es que por primera vez uno de los invitados a la Comisión reconoce que esto es así. Por costumbre, por sistematización, pero esto se hacía, y constituye un hecho de muchísima gravedad, no que lo haya reconocido, si no que se haya hecho. Y si se hizo y se valoró continuar haciéndolo sin mirarlo críticamente es porque estuvieron amparados en la impunidad y siguen estando.

¿Cuál es la perspectiva de la Comisión Investigadora para derivar esta información a la Justicia?

Varios legisladores del Frente Amplio entendemos que ya hay méritos suficientes para que esto pase a la Justicia. Una vez que culminen las labores de la Comisión Investigadora algunos estaremos proponiendo que esto pueda pasar a la órbita de la Justicia porque ya tenemos dos fuentes que confirman el espionaje militar en democracia. Por un lado la fuente documental, que está en el Archivo Berrutti, que es el que está analizando la Comisión Investigadora, donde hay miles de documentos que dan cuenta de estas acciones, y por otro lado ahora se suma un testimonio. O sea que estos dos elementos son la fuente de una posible denuncia que se pueda estar desarrollando a nivel judicial.

Más adelante lo que vamos a estar proponiendo es citar a todos los Jefes de Departamento de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) y la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE), o sea, el escalón inmediatamente inferior a los Directores, pero que llevaban a cabo acciones operativas muy importantes. Principalmente vamos a citar a los Jefes del Departamento I y III; los del Departamento I estaban encargados de la inteligencia interior, o sea, en nuestro país, y el Departamento III es el departamento de operaciones, o de contra inteligencia. Estos dos son los que están más implicados dentro de los documentos que estamos analizando. Por lo tanto tendrían que venir a la Comisión a explicar por qué desarrollaron estas actividades, por qué impartían órdenes, porque ellos sí impartían órdenes. No pudimos comprobar todavía si los Directores Nacionales impartieron órdenes, pero sí está claro en los archivos que los Jefes de los Departamentos I y III daban órdenes y se cruzaban información de todo punto de vista, desde el Departamento I al III, para que se hicieran las operaciones de contra inteligencia. Por ejemplo, hay un caso en donde se hace un análisis pormenorizado de una vivienda; por dónde se puede ingresar, cuántas habitaciones tiene, cuántas aberturas, y esa información iba al Departamento III. Lo que no sabemos es si posteriormente se ingresó a esa casa por parte de contra inteligencia, ya sea para poner un micrófono o para realizar un allanamiento ilegal.

Se confirmó que el espionaje se llevaba a cabo, por los documentos y por este testimonio. ¿Es posible, teniendo en cuenta que a los Directores de Inteligencia los designa el Poder Ejecutivo, que estas actividades se realizaran sin que el poder político lo supiera?

Esa es una opción, una posibilidad. Estamos tratando de investigar sobre esta situación. La mayoría de los ex Ministros de Defensa que pasaron por la Comisión dijeron no conocer estas actividades ni haber dado órdenes para que se llevaran adelante. Consultados también los ex Directores que participaron dijeron no haber recibido órdenes de los mandos políticos superiores. Lo que sí está claro es que faltaron controles, que hubo ex Ministros que plantearon que este tema no les interesaba, que nunca le prestaron atención a la Inteligencia Militar, y esto nos llama la atención y nos preocupa. Porque si uno analiza las labores de los servicios de inteligencia en nuestro país claramente estuvieron del lado de la opresión, del terrorismo de Estado. Primero acompañando las Medidas Prontas de Seguridad, luego en el terrorismo de Estado, las dos principales fuentes de inteligencia y de seguimiento de los uruguayos y uruguayas que resistieron la dictadura fueron la inteligencia militar y la inteligencia policial, en colaboración con agencias internacionales. Lo llamativo es que con todos esos antecedentes no se prestara atención a lo que podía llegar a suceder en estas órbitas, con formación en la mayoría de los casos bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Y máxime cuando muchos de los ex Directores de Inteligencia Militar luego de 1985 tenían un legajo muy implicado en el proceso de dictadura. Que no se hiciera un seguimiento a estas tareas nos parece una falta grave que no contribuyó ni contribuye al fortalecimiento de la democracia.

Hablabas del posible vínculo con agencias internacionales, cosa que también se desprende del propio testimonio en la Comisión. También hay documentos que involucran directamente a la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA). ¿Está prevista alguna citación a la Comisión en este sentido?

Sí. Tenemos en uno de los documentos establecido de manera clara el pago de 37 sobres que realizaba la CIA a informantes que había en nuestro país, que estaban principalmente en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esto ameritó que planteara en la Comisión citar a la Embajada de EEUU, para conocer cómo desarrollaron estas actividades. Esto más allá que la embajadora que actualmente desarrolla esas labores no haya estado en aquel momento. Lo que está claro es que fue una política de Estado. Se puede comprobar con las acciones EEUU de cara al Plan Cóndor, al apoyo y financiamiento de las dictaduras en nuestro continente, poniendo a la orden de esas dictaduras los servicios de inteligencia para reprimir a los pueblos.

Vamos a hacer una consulta previa, solicitaremos al Ministerio de Relaciones Exteriores asesoramiento acerca de la pertinencia de que un embajador sea citado a una comisión de estas características. Pero la mayoría de los integrantes de la Investigadora tenemos la firme convicción de que debe participar, porque está avalada jurídicamente su participación y porque existe la necesidad de que esta Comisión y que posteriormente el pueblo uruguayo sepa por qué una agencia internacional, en este caso de EEUU, quiso informarse de aspectos internos de nuestro país, atropellando nuestra soberanía y generando acciones claras de injerencia. Hablamos de algo que pasó a comienzos de los años 90 pero que no sabemos si hoy aún se hace.