El costo de negar la desaparición de Santiago Maldonado

Ante una denuncia de la Liga por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay, el fiscal Federico Delgado resolvió investigar a funcionarios del Gobierno y la Gendarmería. Pidió que el Ejecutivo informe las medidas que tomó para encontrar al joven.

Por Irina Hauser

Los 35 días que el Gobierno se mantuvo empecinado en desligar a la Gendarmería de la desaparición de Santiago Maldonado, en descartar la participación del Ministerio de Seguridad en la persecución a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y poner en duda la presencia del joven en el territorio empiezan a traerle costos. En Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado impulsó la apertura de una investigación para determinar si funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Gendarmería encubrieron el hecho. Como medidas esenciales, pidió que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informe de manera urgente todas las acciones que desplegó el Estado para encontrar a Maldonado y requirió copia del expediente que tramita en el juzgado federal de Esquel. Por lo pronto, el resultado de la interpelación del martes último al ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, dejó en evidencia a Pablo Noceti, el jefe de gabinete de la cartera que conduce Patricia Bullrich, al describir que no estuvo por la zona simplemente de paso –como sostuvo ella–, sino que diseñó el operativo contra los mapuches del 1 de agosto, en el que desapareció Santiago, y lo coordinó en una reunión el día previo con otros funcionarios. Él mismo lo había dicho en una radio local, donde agregó que fue “dispuesto por la ministro”. Además lo declararon testigos y lo dice un informe de la propia Gendarmería. 

“Un grupo de expertos”

Delgado basó su dictamen en una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay que advertía que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”. La presentación apuntaba a Mauricio Macri, Peña, Bullrich, Noceti, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y los comandantes de esa fuerza relacionados con los procedimientos contra la comunidad mapuche. Describía una combinación entre un “pacto de silencio” entre los gendarmes que participaron en el despliegue violento, que niegan haber apresado a Santiago, y “una ristra de expresiones de encubrimiento” proveniente de las autoridades “negando que se trate de una desaparición forzada de persona” y “generando una campaña de desinformación” con pistas falsas (como la historia del ataque al puestero Evaristo Jones el 21 de julio, cuyo cuchillo al final no tenía ADN de Santiago), magnificadas por algunos medios de comunicación. Además del encubrimiento, los denunciantes plantean los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El otro punto central de la denuncia advertía que el Gobierno no dio “una respuesta satisfactoria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, que dictó una medida cautelar para que el Estado busque a Maldonado, ni al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. La explicación que envió el Estado argentino a esos órganos internacionales de máxima importancia en la custodia de los derechos humanos apuntó a justificar a la Gendarmería, cuyos argumentos reprodujo, como recordó el martes en una conferencia de prensa junto con la familia de Maldonado, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier. Presentaron el operativo en el que fueron perseguidos los miembros de la comunidad que están en un territorio que Benetton se atribuye como un procedimiento legal que se hizo bajo órdenes del juez federal Guido Otranto. Sin embargo, las órdenes del juez eran del 31 de julio y pretendían que se despejara la ruta 40; todo lo que vino después de liberado el camino, o sea la cacería a los mapuches en el territorio en medio de la cual desapareció Santiago, corrió por cuenta de la Gendarmería como respuesta a piedrazos. “Fue un allanamiento ilegal”, señaló Chillier. Cuando la fiscalía de Silvina Ávila y el juzgado de Otranto pidieron la nómina de los gendarmes que llevaron adelante el operativo, la fuerza tardó diez días en responder. Primero envió siete nombres. Luego resultó que eran más de un centenar.

(*) Fragmento de nota tomado de Página 12