Democratizar los medios para democratizar la sociedad

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fundamental para fortalecer la Democracia

Carmen Maturana

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) con el auspicio de la UNESCO organizó una jornada sobre la Ley de Servicios de Comunicación Social (LSCA) que si bien está aprobada desde hace años, todavía no está totalmente reglamentada por el Poder Ejecutivo y tuvo que superar más de 70 recursos de inconsitucionalidad, presentados por los permisarios de frecuencias de televisión, las grandes trasnacionales, partidos políticos de  oposición y abogados afines. Los panelistas hicieron un recorrido por varios aspectos de la norma que protege los derechos de los ciudadanos y busca disminuir y revertir la concentración del poder mediático en pocas manos, aspectos fundamentales para una democracia plena.

 

Invisibles

Abrió la jornada la presidenta de la APU, Victoria Alfaro, quien habló del poder de los empresarios dueños de los canales privados de televisión uruguayos. “Hace hoy 4 años y cinco meses la empresa Equital, propiedad de los canales privados 4,10 y 12, fue ocupada por sus trabajadores como medida sindical. ¿Algunos de estos canales cubrieron la noticia?, ¿alguno de estos canales están hoy aquí? No. A los canales privados no les interesa cubrir noticias que les afectan directamente. ¿Es esto Libertad de Expresión?”, se preguntó Alfaro.

“Cuando en los primeros días del conflicto en Equital llamamos al director de uno de los informativos para que mandara una cámara y un periodista, nos contestó: "Ni sueñen que vamos a ir a cubrir eso". Como sindicato de la prensa tenemos menos cobertura de conflictos que cualquier otro sindicato. En síntesis: No disfrutamos de la Libertad de Expresión”, afirmó la dirigente de la APU. “Somos invisibles, casi transparentes cuando se trata de denunciar a las empresas de nuestro sector”, añadió.

Alfaro recordó que la LSCA “fue atacada frontalmente por estas mismas empresas en todos lados y por todos los medios a su disposición. Son las mismas empresas que tildaron de inconstitucional una ley que protege a nuestros niños y niñas ante material dañino. Son las mismas empresas que quisieron hacer naufragar una ley que le da nuevas oportunidades a la producción audiovisual realizada en Uruguay. Por supuesto que no van a estar de acuerdo con esta ley que las obliga a dar cuentas de lo que hacen con las ondas radioeléctricas que son de todos nosotros”.

“Si bien falta mucho por hacer y mejorar, es hora de reglamentar y poner a funcionar los organismos que dispone esta ley”, añadió Alfaro en referencia al Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), organismo encargado de controlar el cumplimiento de dicha norma.

Vacilaciones y presiones

Enseguida hizo uso de la palabra el diputado frenteamplista, Carlos Varela, quien se refirió a la importancia de esta ley, “que sufrió ataques desde dos zonas para impedir que fuera aprobada: Los grandes medios de comunicación y una posición política, absolutamente coordinados para lograr ese objetivo que luego no se consiguió”, añadió.

Varela que como presidente de la Comisión de Industrias de Diputados encabezó la discusión por la aprobación de la Ley en la Cámara Baja dijo: “También desde el gobierno hubo vacilaciones a la hora de aprobación de esta ley. La discusión tuvo matices, idas y vueltas y en algunos momentos hubo retrasos. Teníamos compañeros que consideraban que esta ley no debía ser aprobada porque tenía carencias, coincido hasta cierto punto, pero la diferencia que tengo es que se trataba de lo que se podía legislar hasta ese momento. Es probable que en cuatro años haya que modificarla, pero como decía Seregni cuando lleguemos al rio cruzaremos el puente antes no”.

“Largos y abundantes informes señalaban que esta ley era inconstitucional, era inconveniente, atentaba contra el derecho a la información y la libertad de expresión, violaba normas legales vigentes que luego afortunadamente la Suprema Corte de Justicia en la mayoría de los casos  invalidó como recursos”, recordó el legislador.

Varela afirmó haber recibido “presiones implícitas y explícitas de los grandes medios de comunicación, presiones reales incluyendo la exclusión de las pantallas, radios y diarios, para que solo predominaran las opiniones que estaban en contra de la ley. Muchos periodistas que trabajaban en aquel momento en el Parlamento te lo decían de frente y mano: No te puedo hacer una nota porque tengo la orden de no hacértela. Me hubiera encantado grabar una charla en mi despacho con un notorio informativista que hoy no está trabajando: me contó como el canal trataba los temas vinculados con el Frente Amplio y como tenían la orden de grabar de determinada manera los actos de una fuerza política y de otra forma a otros, como en algunos casos se usaban determinados planos para que pareciera mucha gente y en los actos de mi fuerza política grababan rostros para no mostrar la cantidad de gente”.

Gustavo Gómez, experto, ex director de Dinatel y con una destacada participación en la elaboración previa de la Ley y su discusión con toda la sociedad civil, fue el siguiente en hablar, “todos los organismos avalaron el proyecto como compatible con los estándares internacionales. Todavía mucha gente no conoce la ley. La mayoría de las leyes están para reconocer derechos y esta también. La ley tienen un montón de artículos sobre el trabajo de los periodistas y los medios y la prohibición expresa de censura previa, y censura indirecta, reconoce la plena libertad editorial y la libertad de programación de los dueños de los medios. No se mete en temas polémicos como si la información es veraz u oportuna o no, como sí sucede en Ecuador o en Venezuela. No es que no tengamos derecho a eso, pero acá quedo librado a la ética”.

El verdadero motivo

El presidente de Sutel (sindicato de Antel)  e integrante del Secretariado del PIT-CNT, Gabriel Molina, afirmó que  “es un paso adelante la aprobación de la ley, durante mucho tiempo el movimiento sindical uruguayo venía hablando de la democratización de los medios”.

“De acá tampoco podemos despegar el peso de las multinacionales en las telecomunicaciones, que presionan y ponen dinero en los canales privados. Claro y Movistar en Uruguay tienen una realidad gracias a todos nosotros, de tener una empresa de telecomunicaciones nacional. Una ANTEL que hoy es un enemigo real para las multinacionales. Esta ley también tiene un papel fundamental en las telecomunicaciones. Por eso el año pasado Claro presionó a la Justicia, aunque no tuvo suerte y no le dieron autorizaciones para brindar televisión digital. El negocio es internet y por suerte la transmisión fija e internet fijo son monopólicas de ANTEL, por eso seguimos manteniendo la firmeza. Les molesta que alguien intente ordenar algo que nadie tocó. No están acostumbrados a esto”, explicó Molina.

“Nos parece importante destacar el espíritu de la ley. Es evidente que esto  va a traer cola, evidentemente lo que precisamos es que se apure lo más posible la decisión sobre esto, cuando más se demore, más posibilidades tenemos de que se vaya un gobierno que no se resuelva”, criticó el dirigente del PIT-CNT.

Molina también destacó que “en este debate sobre la democratización de los medios, se dieron otros pasos, entre ellos la adjudicación de un permiso de televisión abierta para el PIT-CNT”. Valoró ese paso como “muy importante y va a salir, estamos trabajando para eso, y nuestro pueblo va a tener algo diferente que mirar, otra mirada, otras voces”.

“¿Cuánto vamos a luchar por esta ley?”

Gabriel Mazzarovich, director de EL POPULAR, por su parte indicó que esta ley puso al fin el debate sobre los medios de comunicación sobre la mesa y la concentración de poder que ostentan. Para cambiar esta situación “es necesario pelear para que se mantenga la ley y vamos tener que pelear para que se implemente. Si retrocedemos ellos van a avanzar,  van a defender sus privilegios con uñas y dientes. Claro que es un tema de poder, la información es poder y los medios de comunicación son el escenario fundamental. No solo comunican la ideología dominante del poder, sino que construyen poder permanentemente, son un instrumento de tal poder que tampoco van a democratizarlo de buena gana”, añadió.

“El sistema de medios en Uruguay se define con cuatro conceptos y una palabra, es privado comercial, concentrado y extranjerizado: es una bosta. Los tres grandes grupos que tiene permisos de usufructo de medios de comunicación manejan el 95% del negocio. ¿Alguien cree que lo van a soltar de buena gana?”, se preguntó Mazzarovich.

El periodista cuestionó que algunos empresarios hablen de “derechos adquiridos”. “Hay que recordar cómo fueron adquiridos. En Uruguay se otorgaron permisos de radio y televisión en tres grandes “oleadas”.  Una en la dictadura de Terra.  La segunda durante la dictadura fascista. Entre los años 1984 y 1985, cuando iba a asumir el gobierno democrático, la dictadura, antes de irse, entregó 60 frecuencias de radios. Los últimos créditos que firmó el BROU, con el directorio de la dictadura, fueron para los canales de televisión y para el diario El País”.

“Dos cosas hay que destacar de esta ley: busca limitar la concentración de medios y  busca modificar este sistema, la democracia uruguaya no se merece este sistema de medios, es antidemocrático. Hay que democratizar los medios para democratizar la sociedad”, dijo.

Destacó también “la prohibición cruzada de que las empresas que tienen licencia para telefonía tengan también de televisión o radio y viceversa. Esto es un elemento distintivo de esta ley uruguaya, protege a ANTEL, pero protege al pueblo uruguayo de la colonización cultural e informativa”.

El periodista planteó el desafío de “que esto sea en la práctica una de las banderas principales de lucha del movimiento popular. El problema no es tener razón, que la tenemos, el problema es cuanta movilización social, cuanta lucha organizada, le pongamos detrás”.

“Si logramos asumir que esto es tan importante como los Consejos de Salarios, como el matrimonio igualitario, como la regulación del cannabis, tan importante como la despenalización del aborto, tan importante como la ley de responsabilidad empresarial, del mismo calibre, y logramos hacerlo carne en los compañeros avanzaremos. Si no lo logramos el poder que tenemos enfrente es de tal magnitud, que habremos hecho mucho pero no lograremos avanzar”, añadió Mazzarovich.

Cerró la jornada el director de la URSEC, Nicolás Cendoya quién indicó que esta ley establece límites a las cosas más gruesas, “protege  a las personas con discapacidad y protege a nuestros niños. Estas instancias son muy buenas, el debate público y mediatizado ha sido idiotizado, repetimos estupideces todo el tiempo”, indicó jerarca recordando el nivel de discusión pública que se dio sobre esta ley.

En este marco cuestionó la carencia de presupuesto en la Rendición de Cuentas para poner a funcionar el CCA, organismo regulador de la ley. “Actualmente tenemos un regulador flojo (URSEC)  y vamos a hacer uno con menos recursos que el flojo que ya tenemos”, remató.