Apuntes sobre la Rendición de Cuentas

Tan solo a días del límite establecido por el artículo 214 de la Constitución de la República, el pasado martes 20 de junio finalmente se hizo entrega del Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2016 para su discusión en la órbita del parlamento.  

Lamentablemente sin tiempo para su presentación previa en el marco de la Ley No 18.508 de Negociación Colectiva en el Sector Público, que establece con claridad meridiana la obligación de proporcionar, en forma previa y recíproca, la información necesaria que permita negociar con conocimiento de causa; donde el Estado debe suministrar toda la información disponible -entre otras- la referente a los avances de los proyectos de Presupuesto y Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Esto no se trata de un mero formalismo establecido por Ley, se trata de un procedimiento deseable de construcción colectiva de un instrumento de planificación de hondo contenido social, que tiene repercusiones en la vida cotidiana de las personas.

Esta rendición dividía aguas entre aquellos que con expectativas fundadas en la mejora de la economía pensaban que se podrían mejorar las asignaciones de recursos previstas, y entre aquellos desalentados por los discursos previos de las autoridades de gobiernos que reclamaban mayor cautela y prudencia fiscal, sospechando que ese discurso supondría poco o nulo margen de incremento en las partidas.

Finalmente, el proyecto presentado le dio la razón a los menos optimistas. Como se señala en la exposición de motivos que acompaña el proyecto “persisten las tensiones derivadas del desorden macroeconómico que generan inestabilidad que deterioran el marco de confianza sobre la cual se asientan las decisiones de inversión”. De modo, que sostiene que este escenario de incertidumbre aún, amenaza la vigencia de los avances sociales alcanzados y pone en peligro la sustentabilidad de las cuentas públicas poniendo en riesgo la continuidad de las políticas públicas. Por lo que se estima crucial reducir el déficit fiscal, llevándolo a 2,5% del PIB al final del período de gobierno.

En consecuencia, la propuesta que presenta el Poder Ejecutivo aconseja contemplar aumentos de gasto sólo para el año 2018, postergando (¡nuevamente!) las decisiones de gasto para el período 2019 a 2020 para la próxima Rendición de Cuentas.

Básicamente lo que se pretende por parte del Ejecutivo con la aplicación de los lineamientos previstos en esta Rendición de Cuentas es asegurar los equilibrios macroeconómicos de forma de mejorar la confianza necesaria para el “desenvolvimiento de la actividad económica, así como para el despliegue del conjunto de políticas públicas, y en particular, para continuar asignando recursos a las prioridades comprometidas”.

La “realidad” es que el propio proyecto de rendición corrige al alza las expectativas de crecimiento económico, que por cierto incluyen aumentos (como es dable esperar, si continuamos un proceso de crecimiento con distribución) en el consumo, la inversión y las exportaciones. Esta dinámica supone mejoras en la recaudación dado el actual régimen tributario donde los principales impuestos están asociados al consumo, que permitirían una ampliación sólo por este mecanismo, del margen fiscal.

No obstante, ello, los lineamientos presentados en esta rendición no incluyen nuevos gastos incrementales en las asignaciones, con la excepción de la Enseñanza. Como fuese señalado, tan solo se fijan gastos para el año 2018 y postergando posibles asignaciones para los años restantes. A pesar de ello, se introducen modificaciones en el sistema tributario asociados a los juegos de azar y comercio exterior, porque si bien la mejora de la economía y de los derivados de la aplicación de las medidas de consolidación fiscal aprobadas mejoraron el espacio fiscal, se suman necesidades de financiamiento dado el aumento no previsto de gastos seguridad social, más allá de que aún persisten dificultades en las cuentas públicas que impiden reducir el “tan preciado” déficit fiscal obligando al gobierno a implementar nuevas formas de mejorar sus ingresos corrientes.

De modo que según se recoge de la propuesta del ejecutivo se estaría poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos planteados en materia de políticas sociales. Concretamente, en lo que refiere a la Educación no se estaría alcanzando el umbral reclamado por los sindicatos de la Educación de alcanzar como piso una asignación de 6% del PIB. De acuerdo a lo presentado, el gasto educativo totalizaría un poco más de 5% del producto. Se requeriría no menos de 500 millones de dólares de incremento. Asimismo, el Proyecto de Rendición no contempla incrementos en la asignación en ASSE tan necesarios para poder avanzar en la equiparación entre el sector público y el privado, tampoco el Sistema Nacional de Cuidados, que se postulaba como una de las grandes reformas en materia de política pública tiene previsto incrementos para el año 2018 por lo que se aleja más de los anunciados montos que se requerían para su implementación inmediata.

Ni que hablar de la ejecución en materia de Inversiones, donde se recordará el famoso Plan Nacional de Inversiones que totalizaba una cifra cercana a los U$S 12.400 millones de dólares, en la que se destacaba que, del total, dos tercios corresponderían a Inversión Pública y de la que solo se ha ejecutado un poco más del 30% en lo que va de la Administración Vázquez.

En síntesis, una Rendición que pone nuevamente a los trabajadores a pelear por profundizar los avances alcanzados, y por ir a más. El escenario es de movilización y lucha. Es necesario reconocer los grandes avances logrados a lo largo de la gestión del Frente Amplio a lo largo de estos doce años de gobierno, que han permitido una mejora en el Presupuesto de la Enseñanza sin precedentes, que permitió indudablemente mejoras significativas. Lo mismo podríamos decir de la Salud y de las Políticas Públicas Sociales. Por eso la consigna debe seguir siendo por profundizar aún más los avances alcanzados, para mantenerse en la trayectoria de crecimiento con distribución, y seguir construyendo un país de derechos cada vez más amplios, cada vez más inclusivos. La síntesis política necesaria nos debe eludir los avances logrados, pero tampoco renunciar a ir por mejorar aún más las condiciones hacia la construcción del modelo de país que nuestro pueblo reclama, más productivo, más democrático y mucho más inclusivo, donde las consignas mercantiles y economicistas no tengan la razón de marcar la agenda.

 

Por Pablo Da Rocha