Nueva instancia judicial por desaparición de Miguel Mato

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No se presentaron tres militares citados a pedido de la fiscal del caso

Una de las dimensiones de la lucha contra la impunidad es la judicial. Hay más de 100 casos abiertos sobre violaciones a los DDHH durante el Terrorismo de Estado. Uno de ellos es el de la desaparición de Miguel Mato Fagian.

Miguel Mato es el último desaparecido de la dictadura. Fue detenido el 29 de enero de 1982 cuando salía de su trabajo en FUNSA. Miguel Mato era militante clandestino de la UJC y el PCU, del movimiento sindical, frenteamplista.

Miguel, tenía 29 años en el momento de su detención, estaba casado con Irma y tenían una pequeña hija de 5 años, Verónica. Su detención y secuestro fue denunciada desde el primer momento por su familia y por las organizaciones de la resistencia clandestina.

Miguel es detenido en el marco de un gran operativo represivo, que se extendió desde junio de 1981 hasta 1982 contra la resistencia clandestina, luego de la derrota de la dictadura en el plebiscito de noviembre de 1980 y la asunción como dictador del general Gregorio Alvarez. Ese operativo tuvo como objetivos principales al PCU, la UJC la FEUU y la CNT.

Por denuncias y testimonios de compañeras y compañeros que fueron detenidos en esa época e investigaciones posteriores se sabe que estuvo en manos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), brazo uruguayo de la Operación Cóndor, y torturado en el centro clandestino de detención de “La Tablada”, un viejo hotel de la zona de Camino de las Tropas que fue reciclado como base de operaciones de la represión.

Irma se presentó ante la Policía y otras instancias, incluso llevó medicamentos, porque Miguel era asmático. Toda información fue denegada. Tras recuperar la democracia la denuncia fue retomada y luego cortada por la Ley de Impunidad.

En el 2002, la Comisión para la Paz, instalada en el gobierno de Jorge Batlle, informó a la familia de Miguel Mato una versión de militares señalando que había sido muerto en marzo de 1982, de tres balazos dentro de una camioneta militar en un operativo.

Tras la decisión del gobierno del Frente Amplio, en la presidencia de José Mujica, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman, de anular los decretos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle que colocaban 80 investigaciones judiciales bajo el amparo de la Ley de Impunidad, se desarchivó el caso.

EL POPULAR dialogó con Natalia Jubin, abogada del Observatorio Luz Ibarburu, que desde febrero de 2016 se hizo cargo de la causa, tras el pedido de Irma Correa, compañera de Miguel Mato en el momento de su desaparición.

En este momento la causa está a cargo de la jueza Graciela Eustaquio y la fiscal Mónica Ferrer.

-¿Qué pasos se han dado en el plano judicial desde febrero de 2016 cuando el Observatorio Luz Ibarburu toma el caso?

Durante todo este tiempo lo que hemos intentando hacer básicamente es recopilar pruebas, se solicitó, por ejemplo, la declaración de varios testigos que estuvieron también detenidos en “La Tablada”.

Contamos también con la declaración, en calidad de perito, de Mara Martínez, de la Secretaria de DDHH para el Pasado Reciente.

Se trabajó en Coordinación con la Unidad Auxiliar de investigación para Crímenes del Terrorismo de Estado, que ha estado colaborando con las investigaciones y aportando información.

Ahora, en un nuevo paso, a solicitud del fiscal, se citó a tres militares, cuyos nombres surgen de un informe que elabora el Equipo de Investigación Histórica, de la Secretaria de DDHH para el Pasado Reciente de Presidencia de la República. Este informe identifica a tres militares que estuvieron en “La Tablada” y que, por la época en que prestaron servicios, seguramente estuvieron cuando fue detenido Mato.

La audiencia no se llevó a cabo porque no comparecieron. En realidad, la audiencia era para que designaran abogado para declarar en este expediente. No sabemos, porque el juzgado aún no aportó información, cual es el motivo de su no comparecencia. Si las citaciones fueron entregadas correctamente o no aún no lo sabemos.

Todavía no habían llegado las citaciones y no sabemos si estas personas decidieron no concurrir o si no se les entregó la notificación a tiempo o es que la dirección no es correcta.

-¿Qué pasos están previstos ahora?

Ahí se pedirá nuevamente colaboración al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los DDHH para ubicar los domicilios y demás.

-El año pasado se dieron varias instancias con testimonios de detenidos en “La Tablada” e investigadoras, ¿que aportaron dichas instancias?

Si, el año pasado concurrieron varios detenidos y detenidas que estuvieron en “La Tablada”. Esos testimonios fueron agregados en el expediente. También, como te decía, se trabajó con la colaboración del Equipo especializado en graves violaciones a DDHH. Gracias a ello se pudo seguir aportando prueba.

Nosotros estamos aportando prueba para ubicar a Mato en “La Tablada”. Justamente la forma que operaba el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en “La Tablada” era compartimentado todo de forma que la gente no se pudiera escuchar, ni ver, ni reconocer.

A pesar de eso siempre se filtraba algo y se podía ver, por la forma de caminar o por la voz, y así identificar a algunos compañeros.

El caso de Miguel Mato como el de Félix Ortiz son importantes, y sabemos que operó el OCOA en La Tablada. Y estamos tratando de demostrar eso, que era una forma de operar y que, por lo tanto, haya o no testigos, es posible ubicarlos allí.

Otra cosa interesante que sucedió en el expediente es que pedimos al Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) que aporte toda la información que tenga sobre lo que haya estudiado en el predio de “La Tablada”.

El GIAF dice que hay muchas cosas interesantes para seguir estudiando allí, pero tiene que ser dispuesto por la jueza y solicitado quizás por la fiscal.

GM