Los servicios de inteligencia al desnudo

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Comisión de Diputados analiza 3 millones de copias de acciones ilegales en democracia

Por primera vez en la historia una Comisión del Parlamento investiga la actividad de los servicios de inteligencia militar y policial. En particular el espionaje ilegal de estos, en democracia, contra partidos políticos, organizaciones sociales, personalidades y hasta el propio gobierno.

EL POPULAR dialogó con el diputado de la 1001-5005, Gerardo Núñez, presidente de la Comisión Investigadora de Diputados para conocer los avances y los desafíos del trabajo de esta.

-¿En qué se encuentra el trabajo de la Comisión Investigadora sobre el espionaje de inteligencia militar en democracia?

Lo primero, y más importante, es que entramos en la etapa de convocar a todos los ex ministros de Defensa e Interior. Esta etapa es muy importante porque todas las direcciones de Inteligencia, en el caso de los Ministerios de Defensa Nacional, fueron resueltas por el Poder Ejecutivo, tanto lo que fue la DGIR como posteriormente la DINACE.

Por eso es importante establecer la responsabilidad de los mandos políticos en las tareas de espionaje sobre partidos políticos, organizaciones sociales y otros actores, desde 1985 hasta por lo menos el 2003, que es la información que tenemos en la actualidad.

Parece llamativo que los mandos políticos, en esas circunstancias, no tuvieran conocimiento de las tareas de vigilancia ilegales que se hicieron contra partidos políticos, particularmente contra el Frente Amplio, contra el Partido Comunista y otros sectores de la fuerza política, y también contra organizaciones sociales y personalidades.

Es muy llamativo que no tuvieran conocimiento. Por la dimensión que esto tiene y porque las actas de confirmación de los archivos micro filmados fueron firmadas por los jefes, en esos momentos, de los aparatos de inteligencia del Ministerio de Defensa.

O sea, si estos jefes tomaron contacto con estos contenidos, que eran tareas ilegales e ilegítimas de la inteligencia militar, tendrían que haberlo reportado de manera inmediata a su mando político superior. Esto, por lo que sabemos hasta el momento, no ocurrió y esto agrega un elemento de muchísima gravedad.

Por ejemplo, el otro día tuvo una reunión con la Comisión Investigadora el ex ministro Iturria, que fue ministro tanto del Interior como de Defensa, y le preguntamos concretamente, porque llevamos un archivo donde hay tareas de infiltración de los militares a actividades que desarrollaba el Frente Amplio en su casa central, esto fue en el año 1998. Eran actividades que realizaba el General Víctor Licandro, que tenían que ver con debates sobre el papel de las Fuerzas Armadas y la defensa nacional. Estas actividades fueron infiltradas por los servicios de inteligencia militares, y, además, cuando culminaban estas reuniones hacían seguimientos a cada uno de los participantes.

Hay un caso muy llamativo en que en el informe de inteligencia se reporta el domicilio de la persona que fue seguida y se detalla si entraba a la vivienda con llaves originales o no. Lo que da cuenta del nivel de exhaustividad en el trabajo que realizaban y del conocimiento que tenían de cada uno de los militantes, en este caso del Frente Amplio, en el año 1998.

Habrá que seguir profundizando, pero aparecen muchos vínculos entre diferentes servicios de inteligencia que actúan en nuestro país, también internacionales.

La CIA tiene allí relacionamiento con algunos informantes de los servicios de inteligencia de nuestro país. Habrá que detallar muy claramente estos hechos porque estaríamos ante un ataque a nuestra soberanía muy grave y habrá que establecer las responsabilidades.

-¿Cuáles son los próximos pasos?

Vamos a continuar citando a todos los ex ministros desde 1985 a la fecha. Otro elemento importante es que se ha decidido prorrogar el plazo de funcionamiento de la Comisión hasta diciembre en principio. Esto se acordó porque el volumen del trabajo es mucho. Tan es así, que ya resolvió la Comisión y se lo comunicó al presidente de la Cámara, y el presidente de la Cámara está haciendo los contactos pertinentes, para contar con el apoyo técnico y logístico de la Universidad de la República, a través del algún tipo de convenio o contratación, para que profesionales nos ayuden a analizar este conjunto de archivos.

-Para precisar la información, ¿de qué archivo estamos hablando y que implica en volumen de información?

Es un archivo del Ministerio de Defensa Nacional que ha sido conocido como el Archivo Berrutti, porque fue la ministra Berrutti quien lo detectó. Ese archivo representa unos 12 mil libros de 250 páginas cada uno. Lo digo para establecer en términos concretos lo que esto implica y lo que hay que estudiar. Son más de 3 millones de copias, solo este archivo del Ministerio de Defensa Nacional. Y todavía estamos a la espera del Archivo Castiglioni que todavía está en manos de la Justicia, en etapa de pre sumario.

-Estas constataciones de una investigación que recién comienza nos interpelan también sobre los efectos de la impunidad en el presente, en otros aspectos de la vida nacional. ¿Cómo se relaciona esta investigación con eso?

Esto muestra la impunidad que sigue en nuestro país y que todavía no se ha podido establecer una estrategia potente, desde el Estado, para romper estos aspectos tan graves.

La respuesta popular es cada vez mayor. Cada vez indigna más la impunidad, cada vez indigna más que las madres y familiares se vayan muriendo sin saber qué pasó con sus seres queridos. Pero no alcanza con la indignación hay que desarrollar instrumentos organizativos superiores para marcar una agenda a nivel de gobierno, de Estado, con claras definiciones para continuar la búsqueda, para que haya verdad y justicia.

Una parte de ese camino de búsqueda es continuar con los trabajos en los lugares donde podemos tener evidencia de que se produjeron enterramientos clandestinos de nuestras compañeras y compañeros.

Obviamente, también indignan, los elementos de impunidad que se dieron, como este espionaje militar en democracia, pero también las declaraciones de varios ex comandantes del Ejército y de otras fuerzas. Tuvimos hace poco tiempo a un jerarca de la Armada contra la reforma de la Caja Militar y hace pocos días al comandante del Ejército en el mismo sentido. Desde nuestro punto de vista es inadmisible que esto suceda en las actuales circunstancias.

Porque estos señores se deben a sus mandos superiores y no están habilitados para realizar este tipo de declaraciones, incursionando en un debate que tiene que dar la sociedad, el sistema político, en torno a cómo transitar un camino de transformación de una Caja Militar que le deja al Uruguay un saldo de 400 millones de dólares de pérdida por año y se estipula que para este año va a ser de 470 millones de dólares.

Tanto que se cuestiona desde los medios de comunicación y algunos sectores de la oposición las transferencias monetarias para las políticas sociales, que atienden a los sectores más pobres de nuestro país, deberían también cuestionar con el mismo énfasis este privilegio totalmente desproporcionado que tienen los militares de alto grado, que ningún uruguayo tiene por más que haya trabajado durante 40 años y aportado.

-También en estos días se produjeron declaraciones del ex comandante Mermot sobre la tortura y también se realizó la marcha del 20 de mayo. ¿Qué importancia le atribuís a la misma?

Las declaraciones de Mermot son muy graves. Relativizan la barbarie de las graves violaciones a los DDHH que se cometieron en la dictadura. Esto también es parte de la impunidad. Si hubiésemos avanzado más en la verdad y la justicia no se atreverían a hacer estas declaraciones.

Pero también es cierto que hay algunos eslabones del Poder Judicial que siguen justificando estos hechos. La impunidad también está en algunas resoluciones o no resoluciones del Poder Judicial.

Lo mismo ocurre cuando no se presentan los militares a declarar en las causas judiciales sobre los desaparecidos, como en el caso de nuestro camarada Miguel Mato, se está avanzando gracias a la lucha de su familia, del Partido y de la UJC, y de las organizaciones de DDHH, pero se sienten con el privilegio de no declarar.

Vivimos en un escenario de impunidad, pero estamos convencidos que se va a derrotar. Los miles y miles que nos encontramos el 20 de mayo en la calle tenemos la firme convicción de que el Uruguay tiene que transitar un cambio y ese cambio requiere nuestro compromiso, de no bajar los brazos, porque es un elemento ético irrenunciable.

 

Omi Cazarré y GM