Ninguna locura

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Organizaciones sociales plantean modificaciones al proyecto de Ley de Salud Mental

Omi Cazarré

En octubre de 2016 la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Salud Mental, luego de un proceso de discusión impulsado por el Ministerio de Salud Pública, que pretende renovar la legislación en la materia después de 81 años.

Aun así, la Comisión por una Ley de Salud Mental, que nuclea a más de 50 organizaciones sociales y que desde 2015 forma parte activa del proceso de discusión de la nueva ley, tiene grandes discrepancias con el proyecto aprobado en el Senado, que ahora está en discusión en la Cámara de Representantes. En ese contexto es que desde las organizaciones sociales se plantean modificaciones cruciales para que el proyecto definitivo efectivamente implique un avance sustancial en derechos.

En el marco de la actividad desarrollada por la Comisión el pasado martes 16, en la Plaza 1° de mayo, dialogamos con Mónica Giordano, integrante de Radio Vilardevoz, y Miguel Scapusio, del Servicio Paz y Justicia – Uruguay (SERPAJ).

 Salud versus trastorno

 “Todo el proceso que concluye en este proyecto de ley va dejando en el camino una cantidad de aportes, señalamientos y reclamos que desde hace largo tiempo están haciendo las organizaciones sociales. Tampoco está esbozado como un proyecto de ley de salud mental para toda la población, sino que está centrado en lo que se denomina trastorno mental, de manera que la persona que quiera consultar, ya sea en una institución pública o privada, por cualquier circunstancia que le toque atravesar en su vida, si no está rotulado como trastorno mental no va a poder ser atendido o va a ser atendido muy parcialmente. No se le garantiza una atención integral.” Con estas palabras planteó Scapusio la primera gran discrepancia con el proyecto aprobado en el Senado. El texto aprobado limita al trastorno mental el alcance de la ley, y “hacer énfasis en la enfermedad ya es algo que contradice su propio espíritu”, complementó Giordano.

 “Todos los saberes puestos en juego”

 Otra de las críticas centrales al proyecto es que no determina claramente la necesidad de abordar la problemática de la salud mental desde diversas ópticas, y no exclusivamente desde el enfoque médico-psiquiátrico. Mónica Giordano hizo referencia a la multi causalidad de los problemas de salud mental y en ese sentido remarcó la necesidad de que “todos los saberes estén peustos en juego: el de los trabajadores sociales, el de los psicólogos, el de los antropólogos, el de los psiquiatras, para pensar en la persona de manera integral; esto no está garantizado en el proyecto”.

Por su parte Miguel Scapusio fue tajante sentenciando que el proyecto aprobado “ratifica una línea médica, biologicista y psiquiatrizante que indica que las personas tienen trastornos mentales por causas personales, individuales y biológicas y que nada tienen que ver con lo social; ese enfoque debe ser reformulado radicalmente”

 Uruguay 2020

 La “des manicomialización” es otro de los conceptos fuertes en la propuesta de las organizaciones sociales, objetivo que también se ve plasmado en el texto aprobado. De todas formas, si bien se marca que se debe ir a un proceso de cierre de esas instituciones que hoy prácticamente son depósitos de personas, la Comisión demanda un compromiso con fechas concretas para que ese cierre se haga efectivo. “Uruguay ha firmado un tratado internacional donde se compromete a que en 2020 ya no existan los manicomios en nuestro país. Creemos que ese compromiso debería estar plasmado concretamente”, indicó Giordano.

 Tocar el órgano

 El órgano revisor de la atención en salud mental es otro de los puntos de discordia entre el proyecto que cuenta con media sanción y la propuesta de las organizaciones sociales. El planteo, tal como está, indica que dicho órgano se mantendría en la órbita del MSP, contradiciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que indican que debe tratarse de un órgano independiente del poder político. “Queremos un órgano de revisión autónomo e independiente, autónomo del Poder Ejecutivo, de los intereses disciplinares y económicos para que se garantice verdaderamente el respeto a los derechos humanos de las personas con problemáticas en salud mental”, remarcó Mónica Giordano al respecto.

 Demasiada presión

 Los intereses de las organizaciones sociales que componen la Comisión por una Ley de Salud Mental no son los únicos que pesan. En ese sentido, Miguel Scapusio expresó que “hay diputados que quieren votar el proyecto a tapa cerrada” porque “ceden ante la presión de los psiquiatras”, fundamentalmente representados en la Sociedad de Psiquiatría.

En la misma línea se pronunció Mónica Giordano: “Acá hay poderes que están en juego, eso es innegable. Esto pasa por una decisión política de querer realmente contar con un nuevo paradigma en la salud mental y sobre todo con un nuevo modelo de atención que no tenga que ver con reproducir más de lo mismo”.

 ¿Y el Parlamento?

 La discusión del proyecto está en manos de la Cámara de Diputados, y en ese sentido es indispensable que los planteos realizados por las organizaciones sociales tengan eco y finalmente se transformen en modificaciones concretas al proyecto votado. El diputado de la 1001, Gerardo Núñez, ha trabajado desde el comienzo junto con las organizaciones sociales en ese sentido. Como bancada 1001, Núñez elevó una propuesta de articulado sustitutivo en algunos puntos claves a la bancada de diputados del Frente Amplio, en sintonía con los expuestos por la Comisión por una Ley de Salud Mental. Núñez destacó además el proceso de discusión y la necesidad de “valorar el avance histórico que supone discutir después de ochenta años una Ley de Salud Mental”. “Esa misma responsabilidad histórica es la que debe permitir movernos de los enunciados y las lindas palabras hacia las transformaciones profundas de las prácticas y abordajes en salud mental”, concluyó.

 “Distintos paradigmas en pugna”

 En diálogo con EL POPULAR, el diputado Gonzalo Civila, de la lista 90, también se expresó favorablemente a impulsar modificaciones al proyecto de ley votado en el Senado. De igual forma la diputada del Ir, Macarena Gelman, se mostró de acuerdo con la necesidad de efectuar cambios en el texto votado.

 Además de destacar, “felicitar a las organizaciones sociales por el nivel de empoderamiento, de irrupción en la discusión pública” y valorar el proceso de discusión impulsado por el Poder Ejecutivo en primera instancia, Civila remarcó que “hay distintos paradigmas en pugna”. Por un lado, indicó la presencia de “una visión muy biologicista, normalizadora digamos, que viene más desde una perspectiva conservadora en el campo de la medicina, impulsada por algunos sectores con sus organizaciones más representativas, con una especie de inercia de lo que es el funcionamiento de las instituciones vinculadas a la salud mental en Uruguay, y que ejercen una cuota aparte de poder muy grande”, y por otro “una visión alternativa, contrahegemónica, heterodoxa sobre el tema”. “Se trata de sustituir el viejo paradigma conservador por un paradigma nuevo, transformador, que coloque la dimensión social también en el centro”, sentenció.

 Es la hora

 Una última frase de Mónica Giordano, de Radio Vilardevoz, resume de alguna forma la importancia del momento histórico que implica la discusión de esta ley: “Es hora de dar un paso grande, y que estos ochenta años de sufrimiento que hemos tenido en cuanto a la salud mental en Uruguay, de las pésimas condiciones, de las violaciones a los derechos humanos y de las pocas garantías que da el sistema -que solo podemos decir que fracasó rotundamente- den la instancia necesaria para poder contar con una ley verdaderamente en clave de derechos humanos y que implique un cambio de paradigma real”