Editorial del Semanario El Popular N° 403: “Bestialidad feudal”

Uruguay fue conmovido por la imagen de la espalda de un peón rural reventada a rebencazos. La espalda es de Hugo Antonio Leites un peón rural que fue brutalmente azotado con un rebenque por reclamar el pago de horas extras y protestar por las jornadas extenuantes de hasta 14 horas a las que lo obligaba su patrón.

La paliza se la dio el capataz de la estancia Flor de Ceibo, ubicada en la localidad de Estación Itapebí, en el departamento de Salto, a unos 50 kilómetros de la capital departamental. El capataz se llama Paolo Rodríguez y el dueño de la estancia, que después amenazó con un cuchillo al peón para que no denunciara los hechos, es Ernesto Estévez.

¿Quién es Estévez? Un distinguido estanciero salteño, que explota este establecimiento de mil hectáreas, es miembro de la Asociación Agropecuaria de Salto e integra la Sociedad Nacional de Criadores de Caballos Criollos, formó parte de su directiva y actualmente es suplente de su Comisión Fiscal.

Este hecho es una bestialidad, debe ser repudiado y no debe quedar impune. Por supuesto que se violaron las normas laborales; y el establecimiento y el empresario deben ser sancionados. Pero, además, se cometió un delito y la justicia debe pronunciarse, hacerlo rápido y claramente.

Es terrible que estas cosas ocurran en Uruguay en el Siglo XXI. Más terrible aún es que la situación se conozca una semana después de ocurrida, cuando el trabajador que no había realizado la denuncia, fue al médico porque no aguantaba más el dolor. Y más terrible todavía es asumir que no es un hecho aislado.

Las condiciones de explotación a las que están sometidas y sometidos los trabajadores rurales en Uruguay son tremendas. Las denuncias de acoso y explotación miserable por parte de las patronales de las trabajadoras del citrus, de los trabajadores del arroz, de los de la forestación y también de los mineros, en el norte del país, son terribles.

La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) hace un esfuerzo enorme por organizar y defender a un sector de trabajadores y trabajadoras históricamente postergados y sometidos a condiciones de explotación y persecución extremas.

Es cierto que se ha avanzado, y no poco, fruto de la acción del Gobierno Nacional del Frente Amplio, de la mayoría parlamentaria y de la lucha popular, en primer lugar, del movimiento sindical y de los propios trabajadores rurales.

Un siglo después que el resto de los trabajadores, los asalariados rurales tienen negociación colectiva, normativa de salud laboral y ley de 8 horas. Se ha avanzado en la formalización de los trabajadores rurales y han tenido un crecimiento salarial muy importante. También han avanzado en su organización, la Coordinadora del Citrus y las luchas en Salto, en Young y en San José son una muestra, las luchas en el arroz, en los aserraderos y en los montes, también. Pero aun así son de los sectores con más alta siniestralidad laboral, con más bajos salarios y con niveles de organización sindical más débiles.

Y eso no es casualidad. Hay deficiencias en la acción del gobierno y también debilidades en la organización sindical. Pero hay un elemento que no puede ocultarse ni minimizarse. Hablamos de la actitud conservadora, reaccionaria, represiva y despótica de un sector del empresariado rural.

Trabajadores que son mordidos por ratas por las terribles condiciones en las que los hacen trabajar. Trabajadoras enfermas porque son fumigadas junto con la tierra y las plantaciones donde trabajan. Trabajadores despedidos por hablar en un acto del 1° de mayo. Prohibición de asambleas sindicales. Trabajadoras que son bajadas de los ómnibus y obligadas a caminar kilómetros por el terrible delito de afiliarse a un sindicato.

Y esa actitud reaccionaria de parte del empresariado rural no es de ahora, es histórica. No es porque sí que haya tenido que pasar un siglo para que los trabajadores rurales tengan negociación colectiva, salud laboral y 8 horas. Esto es así por el enorme poder de la oligarquía latifundista, ganadera y granera, que usó todo su peso e influencia para bloquear esos derechos.

José Batlle y Ordoñez decía el 18 de mayo de 1922 en Treinta y Tres: “recientemente hemos querido establecer el salario mínimo para los peones de estancia y hemos tenido la resistencia de los nacionalistas y la ley no ha podido pasar, porque los nacionalistas, agregados con los riveristas -que son también bastante conservadores, con algunos vieristas-  han cerrado el paso a la ley; y como lo han cerrado a esa ley lo cerrarán a otras”.

La oposición cerril de la oligarquía latifundista y su representación política al reconocimiento de derechos para los trabajadores rurales ha sido permanente, lleva más de un siglo y continúa.

No vamos a caer en la torpeza de acusar a todos los empresarios rurales de conductas como la que se expresó en la estancia Flor de Ceibo. Pero sí es de justicia señalar que hubo y hay una postura contraria a reconocer cualquier derecho a los trabajadores rurales.

Baste recordar la oposición a la ley de 8 horas para los trabajadores rurales. O a la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial que iba a llevar a miles de “inocentes” estancieros presos. O el reclamo ante la OIT por la violación de los derechos de los empresarios con la ley de negociación colectiva. O la propuesta de implementar en Uruguay la troglodita reforma laboral que Temer, el usurpador, impuso en Brasil. O el último discurso de Zerbino, presidente de la Asociación Rural, en la última Expo Prado, denunciando que los principales problemas que tiene “el campo” para la sacrosanta competitividad son “la rigidez de las normas laborales y los altos salarios”.

Hay que denunciar esta bestialidad, aunque el inefable diario El País se enoje, porque “cambió la situación nacional” y según ellos se explota políticamente “un caso policial privado” para atacar a la principal rama productiva del país.

No se trata de atacar una rama productiva. Ni de generalizar. Se trata de que esta bestialidad nos interpele, a todas y todos.

Que nos lleve a revisar la acción del gobierno, la acción fiscalizadora de las condiciones laborales y del cumplimiento de las leyes, la acción de la Policía, tan permisiva y cuidadosa en este caso, la acción de la Justicia y su celeridad, a veces sí y a veces no, y la acción del propio movimiento popular.

Hemos conquistado derechos. Pero los derechos no se garantizan con la aprobación de normas. Hay que construir fuerza social que los materialice y los defienda en la vida cotidiana.

Según la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias (Opypa). el sector rural empleó en 2016 al 8,23 % de los trabajadores, unas 135.535 personas.  Hay que destinar un esfuerzo central para organizar a esas trabajadoras y trabajadores. Es la única manera de avanzar realmente en la transformación democrática de la sociedad, y también, en la distribución de la riqueza, en un sector que genera mucha y es de los que la tiene más concentrada.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias por mí y por otros que jamás denunciaron”, dijo Leites, el peón azotado, en la puerta del juzgado.

Así es, hasta las últimas consecuencias, con denuncia, investigación, fiscalización y organización popular, esta bestialidad feudal y todas las que se cometen y están ocultas, no pueden quedar impunes.